España y la “vía libre” para los Okupas

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Un okupa es una persona que se instala en un inmueble deshabitado sin tener un derecho legal para ello. Este movimiento llegó a España a finales de los años setenta y desde entonces ha tenido una solución jurídica insuficiente.

En los últimos años se ha incrementado notablemente la cifra de usurpaciones y aunque la propiedad privada debería estar mucho más defendida, los largos procesos judiciales en caso de usurpación siguen situando a los propietarios afectados en una posición de inferioridad.

Si bien el Código Penal recoge dos artículos sobre la usurpación (245 y 246), en los que se imponen penas de tres a seis meses en caso de que se okupe una vivienda sin violencia (un delito leve) y de uno a dos años cuando se produce violencia o intimidación; el artículo 18 de la Constitución ampara como derecho fundamental la inviolabilidad del domicilio, por lo que no pude hacerse ninguna entrada o registro en un inmueble sin consentimiento del titular o resolución judicial. Además, tal y como lo recoge la Constitución, prevalece este derecho citado como fundamental sobre el derecho a la propiedad privada.

Es por esto que es muy importante actuar lo más pronto posible si una vivienda ha sido okupada, pues antes de 48 horas podrían intervenir las fuerzas de seguridad, siendo un caso de “delito fragante” (si no han cambiado la cerradura).

Además, con la reforma del Código Penal en 2015, el tiempo de prescripción del delito pasó de cinco a un año, lo que hace más complicado que un okupa entre en la cárcel, teniendo en cuenta la saturación y el retraso de los juzgados.

En definitiva, los procedimientos legales en España no aseguran una actuación judicial rápida y segura. La ocupación ilegal es un problema cada vez más grave en nuestro país que está pendiente de ser resuelto.

 

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