El Parlamento de Andorra a través de su Consell General ha lanzado un proyecto de ley que suspende de forma transitoria la inversión extranjera en inmuebles. El proyecto supone un paso previo a la imposición de un impuesto sobre la inversión extranjera en inmuebles. Tributo que tratará de resolver la problemática existente en el país por la escasez de viviendas de alquiler a precios asequibles.
La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol explicaba las circunstancias que han motivado esta medida. La Ley de inversión extranjera aprobada en 2008 contribuyó a “construir una Andorra más diversificada y sostenible” y la modificación que se hizo del texto en 2012 supuso “un cambio de paradigma económico” contribuyendo a generar riqueza y mejorar muchos aspectos. Pero una consecuencia de estos cambios fue la especulación inmobiliaria y su repercusión sobre la vivienda en el país.
Críticas por parte del sector inmobiliario
El sector inmobiliario a través del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA) ha manifestado su “sorpresa y malestar” por la medida, asegurando que la medida tendrá “mucha afectación” en el sector y sobre todo el posterior cambio de la ley, ya que puede generar gran “inseguridad jurídica”.
La opinión generalizada en el sector inmobiliario niega la especulación de los inversores Se cree que con los cambios legislativos se perderán clientes y el intervencionismo extremo alejará a los posibles compradores. En definitiva AGIA cree que las medidas no han tenido efecto positivo y apuesta por el libre mercado que auto-regule los precios.
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