Asval ha informado sobre el aviso que han lanzado los propietarios de las viviendas en alquiler sobre la “indefensión” que están sufriendo a consecuencia del escudo social pospuesto para frenar los desahucios de familias sin contar con una alternativa para otro hogar. Desde Asval, recuerdan que “un 40% de los propietarios necesitan alquilar su vivienda para cubrir necesidades personales y/o familiares”.
El RDL 37/2020 y el RDL 1/2021, aprobados el 22 de diciembre de 2020 y el 19 de enero de 2021 respectivamente, han sido prorrogados por el Consejo de Ministros para frenar con los desahucios.
Prórrogas de las medidas del escudo social
La prórroga de la prohibición de desahucios sin opción alternativa se extenderá hasta el 30 de septiembre y hasta el 30 de junio la prohibición de cortar suministros energéticos. Ambas medidas pertenecen al ‘escudo social’ con el que se protegió a los colectivos vulnerables en su momento de aplicación durante la pandemia.
Sin embargo, los dueños de las viviendas en alquiler no están de acuerdo con esta prórroga. Asval defiende: “Las medidas de paralización de desahucios, que estaban contempladas como herramientas extraordinarias en el contexto del Estado de Alarma por el coronavirus, se extienden hasta el próximo 30 de septiembre. Esto es, que la prórroga aprobada hoy concluirá un año y cuatro meses después de que estuviera previsto el fin de su vigencia”.
“Desde Asval insistimos en que las sucesivas prórrogas de estos decretos no son la solución al problema de accesibilidad que tenemos en España. Es necesario ampliar la oferta de vivienda en alquiler y, en especial, el parque de vivienda pública en alquiler social. Este es un aspecto en el que presentamos un claro déficit frente a nuestros vecinos europeos”.
En suma, esto podría provocar una “clara desprotección a los propietarios, que en los momentos más duros de la pandemia han sabido poner de su parte sin recibir ayuda pública alguna”. Además, el Gobierno no medita prorrogar las medidas presupuestarias para beneficiar a los dueños de viviendas económicamente. Esto debido a la apropiación temporal del derecho de uso.
Incertidumbre en el mercado de la vivienda
Tal y como apunta el estudio realizado por Asval, estas prórrogas constantes de los decretos comentados “generan inseguridad jurídica en el mercado de la vivienda”. Esto impedirá el desarrollo de más oferta, y agravará el problema de accesibilidad. Recuerdan que “muchos de estos propietarios han sufrido impagos durante los últimos meses, y un 40% de los propietarios necesitan alquilar su vivienda para cubrir necesidades personales y/o familiares”.
Asval anima a que el Ejecutivo apruebe medidas que solucionen el origen del problema y la falta de oferta de hogares en arrendamiento. En mayor medida, las viviendas sociales y con un precio asequible.
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