Bloqueo político = bloqueo del sector inmobiliario

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El bloqueo político afecta negativamente a la vivienda. El desacuerdo político frena las medidas anunciadas por el Gobierno para aliviar la tensión del mercado.

El precio de los inmuebles no para de crecer y los desahucios por alquiler se disparan hasta alcanzar los 110 lanzamientos diarios. La vivienda fue una de las principales preocupaciones del Gobierno, debido a la burbuja del alquiler y la escalada en los precios de compraventa a niveles precrisis sobre todo en las principales ciudades Madrid y Barcelona, para ello el ejecutivo y Ministro de fomento plantearon una serie de propuestas y debido al bloqueo político por falta de acuerdo entre los partidos, se sigue sin dar salida al fácil acceso a la vivienda y mejora del alquiler.

En el primer trimestre de 2019, la cifra de desahucios por no pagar el alquiler mensual superó la cifra de 10.000, por primera vez desde 2013. Además, las rentas siguen subiendo: en la primera mitad del año, el precio creció un 2,7% de media en todo el país, según los datos del portal inmobiliario Fotocasa.

Uno de los puntos en los que las reformas han encallado es en:

  • La creación de un índice de precios de referencia del alquiler que ha quedado relegada y no ha avanzado nada pese a las reclamaciones de diferentes partes del sector. La iniciativa, planteada como una herramienta oficial para topar el encarecimiento de los alquileres ha quedado encallada por la falta de acuerdo.
  • Otra de las medidas que se presentó fue la creación de un parque público de viviendas para atender las necesidades de las personas más vulnerables y rebajar la presión sobre el mercado.

Futuras medidas a crear

  • La puesta en marcha para introducir 20.000 nuevas casas en régimen de alquiler. Urge construir sobre todo en Madrid y Barcelona.
  • Promover la colaboración público-privada para sacar adelante las medidas.
  • Un plan para agilizar la salida a concurso de suelos públicos urbanizables a nivel municipal con el objetivo de que las constructoras y promotoras puedan levantar proyectos residenciales que se incorporen al parque público de vivienda. La medida permitiría a las promotoras acceder a una mayor superficie de suelo con mayor celeridad y explotar dichas viviendas a largo plazo, al tiempo que se aliviaría el problema de accesibilidad de los ciudadanos.

Consecuencias del bloqueo político

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) asegura que las operaciones de compraventa cayeron un 12% en el segundo trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior por “la subida ininterrumpida del precio de la vivienda desde 2015 y la inestabilidad provocada por un prolongado ciclo electoral”.

“La federación reclama el desbloqueo de la actual situación política marcada por el gobierno en funciones, para abordar así y en consenso las medidas estructurales que la economía necesita dotando de estabilidad al mercado ” y además pide promover un Pacto de Estado de Vivienda.

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