Control alquiler vivienda, ¿realidad o humo?

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Control alquiler vivienda

El Gobierno controlará el mercado del alquiler mientras no haya un parque público estable.

El Índice de Precios del Alquiler llegará antes de final de marzo.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Mitma, David Lucas, ha vuelto a destacar el carácter temporal del control de precios de los arrendamientos en zonas tensionadas pero lo ha supeditado a tener un parque público en alquiler estable a medio y largo plazo.

David Lucas ha vuelto a acentuar que “El verdadero problema está en la falta de oferta pública de viviendas“.

Mientras tanto el Gobierno trata de impulsar la ampliación del parque público de viviendas en alquiler que actualmente se encuentra en el 2%, según fuentes oficiales el Ejecutivo. Y que articulará el control de los precios del alquiler en aquellas zonas consideradas tensionadas pese a contar con el rechazo del sector inmobiliario.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha vuelto a remarcar que el control será en aquellas zonas donde más han crecido los precios en los últimos años y cuya decisión será tomada por las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos.

El responsable de vivienda va a definir en esa normativa que está preparando y que tiene previsto que salga antes de verano:

  • ¿Qué es un área tensionada?
  • ¿Cómo será la revisión de esa área tensionada?
  • La forma de facultar a las CCAA y ayuntamientos en la estructuración de esas áreas tensionadas para establecer una limitación de los precios del alquiler.

Debido a los  desequilibrios de la actividad del sector del alquiler inmobiliario, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Mitma ha puesto de manifiesto que “Es necesario poner más vivienda pública en alquiler en el mercado, ya que con más oferta accesible se reducirán los precios, pero mientras eso ocurre hay zonas muy tensionadas y habrá que limitar los precios, pero no como una solución definitiva”.

La limitación de los precios vendrá referenciada en el nuevo Índice de precios del alquiler que presentará el ministerio a finales del mes de marzo. “Se han cruzado millones de datos procedentes de la declaración de la Renta, los depósitos de fianzas, los datos de vivienda del Ministerio y del Instituto Nacional de Estadística para determinar cuáles son estas áreas más tensionadas”.

El ministerio ya trabaja en el Plan de Vivienda 2018-2021 y el Plan 20.000 para incrementar el parque público de viviendas, que será íntegramente destinado al alquiler asequible.

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, se encuentra ultimando la licitación de las primeras 5.000 viviendas de este plan 20.000 y que estarán en las zonas más tensionadas del país.

La Entidad Pública Empresarial de suelo (Sepes), está gestionando la cesión de derechos de superficie sobre suelos pertenecientes a la Administración General de Estado, y al acuerdo con otras administraciones, para la construcción de esas viviendas, que se gestionarán mediante organismos público-privados. 

Otra de las medidas económicas es conseguir fondos estructurales de la UE hacia la Agenda urbana 2030, incluyendo materia de vivienda, para conseguir llegar a los 1.000 millones de euros.

David Lucas ha matizado que durante este año espera que se presenten en el Congreso varias leyes en relación con la seguridad jurídica;

El real decreto ley de medidas urgentes y de «absoluta necesidad» en materia de vivienda y alquiler también plantea la futura tramitación de una Ley estatal de Vivienda que garantice el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda en todo el Estado, configurándola como servicio público, impidiendo por Ley la enajenación del parque público de vivienda a fondos de inversión.

También contempla la construcción de 20.000 viviendas en los próximos 4 a 6 años, destinadas de forma indefinida al alquiler.

Plazos más favorables al inquilino. Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica)
Respecto a los desahucios. Reforma el procedimiento de desahucio de vivienda.

Presión fiscal. Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente.

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