Pablo Casado, líder actual de la oposición y del Partido Popular, amenaza con llevar la nueva Ley de la vivienda al Tribunal Constitucional, y va más allá, dice que las Comunidades donde gobierna el PP no aplicará dicha ley, acogiéndose a la propia ley que deja en manos de las Comunidades Autónomas la opción de aplicar algunas funciones de la misma.
El líder popular afirma que esta ley confirma una inseguridad jurídica, y señala al Gobierno de acosar a la libertad y la propiedad privada.
Pérdidas para los propietarios
Casado cree que los propietarios no pondrán el alquiler sus inmuebles por miedo a no tener libertad de mercado, y eso conllevará a una caída en la oferta de pisos de alquiler. Propone como solución dar seguridad jurídica, para atraer a inversores, y aumentar el empleo juvenil para que los jóvenes puedan tener acceso a la vivienda.
Ante este desacuerdo, Pablo Casado apelará esta nueva Ley de la vivienda, llevándola ante el Tribunal Constitucional, ya que para él, es una ley que interviene directamente en la libertad de los propietarios.
Dice que Pedro Sánchez es un rehén de sus socios de gobierno, y que este Gobierno es el más radical de Europa.
Madrid, zona de tensión, no aplicará la nueva ley
La Comunidad Autónoma de Madrid, de la mano de Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, y que forma parte del Partido Popular, ya ha dicho que buscará la forma de no aplicar la nueva ley de la vivienda que afecta directamente al alquiler.
Hace hincapié en que esta ley afectará a muchos inversores, promotores y ciudadanos, que buscarán inversión fuera de España si esta Ley se lleva a cabo.
Afirma que la entrada en vigor de la nueva ley supondrá 2.370 viviendas menos construidas al año, 730 millones de euros menos de inversión y 5.700 empleos perdidos.
También afirma que el 90% de la vivienda en alquiler está en manos de pequeños propietarios y que muchos viven de esas rentas.
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