¿Puede Hacienda entrar en una inmobiliaria sin el consentimiento de su titular?

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Inspecciones Hacienda agencias inmobiliarias

Inspecciones de Hacienda en agencias inmobiliarias: No todos los domicilios de empresas se consideran protegidos.

En un interesante artículo publicado en Ático Jurídico y en Idealista se analiza la inviolabilidad de empresas y despachos. El planteamiento es que puede ocurrir que los inspectores de Hacienda acudan a una inmobiliaria para realizar una inspección en contra de la voluntad de su titular.

Según dispone el artículo 18.2 de la Constitución “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de fragante delito”.

¿Cuándo está protegido el domicilio de una empresa?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado protegidos tanto el domicilio de una sociedad como el despacho de un trabajador autónomo. No obstante, no cualquier domicilio de una empresa o autónomo está protegido.

El Tribunal Constitucional ha declarado en varias de sus sentencias que el domicilio de las empresas solo es inviolable cuando este sea su centro de dirección o se custodien en él documentos u otros archivos reservados al conocimiento de terceros.

Eso significa que los domicilios o despachos abiertos al público o que no cumplan con las características mencionadas no están protegidos. Y hay casos en los que, en unas mismas instalaciones, unas salas están protegidas y otras no.

Para acceder a un domicilio protegido, Hacienda debe obtener el consentimiento de su titular o una orden judicial. El consentimiento, además de por el titular, puede ser dado por el responsable de la empresa o las personas que tengan un poder de representación, pero nunca por un empleado administrativo.

¿Y si Hacienda insiste en entrar en la empresa?

El consentimiento a la entrada debe darse de forma libre por el empresario sin ningún tipo de presión. Asimismo, Hacienda debe informar al contribuyente de sus derechos.

La entrada ilegal en un domicilio protegido de una empresa o despacho, sin el consentimiento válido del titular o sin orden judicial, conlleva la nulidad de lo actuado en el procedimiento de inspección.

 

 

Fuente de la imagen: Pixabay.