Hace unas semanas publicamos en nuestro portal la noticia Se aprueba el nuevo proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario: Menos gastos en modificaciones de contratos y refuerzo de la transparencia donde citábamos que el consejo de Ministros aprobó este nuevo proyecto de ley y se enumeraban las principales medidas previstas para esta norma, basadas en dichos propósitos.
Pues bien, esta nueva norma, que parecía celebrarse como una gran noticia, tiene algunos conceptos que no terminan de encajar según algunos expertos del sector.
Por ejemplo, en nuestro artículo anterior mencionábamos que una de las medidas para aumentar la transparencia hipotecaria era que durante los siete días previos a la firma del contrato, el hipotecado deberá ser informado sobre su contenido, así como de la existencia de cláusulas potencialmente abusivas. Entonces, los expertos se cuestionan: ¿Es que acaso van a seguir existiendo este tipo de cláusulas? Porque si el cliente ha de ser informado o avisado de ellas, ¿no van a desaparecer? Para muchos, esta medida se queda a medias y opinan que este proyecto no libra a los contratos de las cláusulas abusivas.
Por otro lado, en cuanto a los gastos asociados a la constitución del préstamo hipotecario (notaría, registro, etc.), sigue sin resolverle por el Proyecto de Ley qué gastos en concreto deben ser solventados por prestatario y prestamista. La norma se limita a concretar que ambas partes deben llegar a un acuerdo.
Referente a los intereses de demora, se establece que será el tripe del interés legal del dinero, lo que supone un criterio muy distinto a la doctrina del Tribunal Supremo para establecer la seguridad de los prestatarios.
Y estas no son las únicas medidas que se cuestionan. Quedan muchos puntos por revisar en la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, y de no ser así, se corre el riesgo de que continúe la problemática entre clientes y entidades bancarias, como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos meses.
