Okupas. Rechazo recurso ocupación pública de una vivienda

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El derecho a la ‘ocupación pública y pacífica’ de las viviendas ajenas no existe. Así lo ha tenido que recordar la Audiencia Provincial de Barcelona en una reciente sentencia, en respuesta al recurso de unos okupas.

Los recurrentes alegaron en su recurso tener derecho a la ocupación “pública y pacífica” de una vivienda ajena. Buscaban así dejar sin efecto la orden judicial que ordenaba devolver la posesión de la vivienda que venían ocupando a su legítimo dueño. En su respuesta al recurso, el tribunal no solo confirma la resolución del juez y declara que este derecho no existe, sino que además les retira el derecho a la tutela judicial efectiva y les condena en costas por apreciar abuso de derecho en la presentación del recurso. 

Recurso con temeridad

El tribunal confirma que los recurrentes deben abandonar la vivienda tan pronto como sea posible, al carecer de título que legitime su estancia. Su situación fue comunicada a los servicios sociales del ayuntamiento, por lo que no se aprecia motivo para seguir privando al legítimo propietario de su vivienda y permitir la continuidad de los ocupantes de forma gratuita. 

En cuanto al alegado derecho de ‘ocupación pública y pacífica’ de viviendas ajenas, el tribunal rechaza que exista un derecho de dichas características. Los okupas  buscaban exclusivamente alargar la posesión ilegal de la vivienda, retrasando la ejecución de la sentencia del juzgado. Una práctica “frecuente en los últimos años”, apunta la resolución, pero que no puede aceptarse ni favorecerse.

Abuso de derecho

Litigar con fines abusivos es una estrategia común y que ha dado pie a numerosas sentencias por temeridad. 

Los tribunales han venido considerando que existe temeridad cuando concurre una imprudente o negligente indagación y ponderación de las pretendidas razones que el litigante afirma que le asisten. Se ocultan con estas tretas procesales otros fines, como la prolongación indebida de los procedimientos, el transcurso de ciertos plazos o la perpetuación de situaciones irregulares. 

El art 19.2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita permite que un juez, cuando aprecie en un beneficiario de asistencia jurídica gratuita abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio, emitir sentencia declarando la existencia del abuso, y en consecuencia condenar al recurrente al abono de los gastos y costas del procedimiento que él mismo inició. 

En el caso visto por la Audiencia Provincial de Barcelona se condena a los reclamantes.

Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19ª, Sentencia 437/2019 de 18 Sep. 2019, Rec. 919/2018

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