PSOE y Unidos Podemos han elaborado un acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019. En el documento se contemplan varias medidas para limitar los precios del alquiler de vivienda.
El Gobierno ha aceptado frenar las subidas abusivas de los alquileres, como pedía Podemos para apoyar los presupuestos. De esta forma, se ha comprometido a modificar en 2019 la normativa del mercado del alquiler inmobiliario.
El borrador del Acuerdo De Presupuestos Generales Del Estado 2019 fue firmado el pasado mes de octubre en La Moncloa por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Este documento consta de 50 páginas, y se refleja el compromiso de impulsar los siguientes acuerdos en cuanto en materia de vivienda:
Vivienda: Blindar su función social y evitar la especulación.
Este la nomenclatura del punto 3 del documento. El apartado se divide en:
3.1 Modificación de la normativa de alquiler.
3.2 Poner techo a la subida abusiva de precios de alquiler en determinadas zonas.
3.3 Incremento del número de viviendas de alquiler a precio asequible.
3.4 Más protección ante desahucios.
Estas medidas están orientadas a detener el incremento de los precios del alquiler, con el fin de que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna en condiciones razonables.
Se propone ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda consignando en 2019 630 millones de euros (un aumento del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021. En 10 años España debería invertir el 1-1´5 % del PIB. Además:
3.1 Se modificará la normativa del mercado de alquiler inmobiliario que afecta a la regulación de elementos contractuales como los plazos mínimos de arrendamiento, las prórrogas de contrato, las garantías o la revisión de renta. Entre otras medidas:
- Se ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años.
- Una prórroga del contrato de tres años más tras el vencimiento del contrato (o prórroga), si ninguna de las partes hubiese notificado su voluntad de no renovarlo.
- Se establecerá que no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un máximo de dos mensualidades de la renta.
3.2 Se modificará la normativa del mercado del alquiler inmobiliario para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas.
El incremento de los precios de alquiler y la limitación de oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turístico de los alojamientos. Para abordar esta cuestión se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.
Asimismo, se habilitará a los Ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica.
3.3 Para incrementar el número de viviendas en alquiler a precios asequibles y evitar la burbuja especulativa se detallan, entre otros puntos:
- Se aumentará en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles (plan a cuatro años).
- Se determinará el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública con una normativa, que se elaborará en 2019, que garantice su explotación únicamente para alquiler de personas particularmente vulnerables.
- Se establecerá un programa de financiación para rehabilitación de vivienda destinada al alquiler, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles.
- Se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.
- Se establecerá un marco legal que defina la vivienda vacía y al gran “tenedor de vivienda”, y ponga a disposición de las CCAA y los municipios distintas herramientas tanto para su detección y diagnóstico.
3.4 Se impulsará la aprobación parlamentaria de la normativa que refuerce la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y sus implicaciones y se reforzará la atención a coordinación entre los órganos judiciales y la política social. Se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional.
Por otra parte, en el punto 10, que trata sobre la Transición Energética, se recoge un apartado sobre el plan de rehabilitación de viviendas (10.6).
En esta sección se hace referencia a la puesta en marcha de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas a partir del año 2019, con una duración de cuatro años y 38 con una movilización de 400 millones cada año. El plan responderá a criterios de eficiencia energética y accesibilidad e incluirá ayudas destinadas prioritariamente a edificios ubicados en las zonas y colectivos vulnerables, a los cuales se destinará una cantidad que supondrá hasta el 20% del total.
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