La pandemia del coronavirus supondrá una caída de la economía para 2020, entre la que se encuentra un descenso de la recaudación de impuestos. El Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) calculan que la recaudación tributaria cederá 40.000 millones de euros frente a 2019, en un escenario de caída de la economía del 5%.
En La Moncloa, Sánchez y su protoestratega Iván Redondo han encargado un “plan B económico” por si acaso, también en la filosofía de que “una hora es medio plazo”. Los Presupuestos de 2020 tienen un problema adicional. Si se cumple el calendario previsto, reafirmado por Montero, no entrarían en vigor hasta el cuarto trimestre del año. La ministra de Hacienda afirmó con contundencia que en ningún caso se aplicarían subidas de impuestos con carácter retroactivo. Significa que tampoco habría aumentos notables de la recaudación –ingresos– hasta los tres últimos meses del año. Solo entonces podrían subir las retenciones del IRPF, aunque el fisco debería afinar para evitar mayores devoluciones en la declaración de mediados de 2021. El Gobierno aprueba hoy nuevos gravámenes como la tasas «Google» y «Tobin», en busca de 2.000 millones de euros, pero como la ministra Calviño también ha descartado su aplicación retroactiva, los ingresos –en el caso dudosa de que sean significativos– se retrasarán meses. Es decir, hará falta allegar más recursos, sobre todo con los objetivos de gasto anunciados y sugeridos, como la renta universal que Iglesias pretende aplicar cuanto antes, aunque fuera parcialmente.
Pedro Sánchez ha barajado con sus ministras Calviño y Montero una prórroga presupuestaria para alumbrar los de 2020. El ministerio de Hacienda ya publicó en el BOE el 23 de enero, una Orden Ministerial que “adopta una serie de medidas de gestión del gasto público (…) en el escenario de una prórroga de los Presupuestos del Estado vigentes”.
La prórroga sería un fiasco político para Sánchez, pero quizá también un éxito económico. Sería la coartada perfecta para dilatar proyectos que requieren aumentos fuertes de gasto. Es el “plan B económico” del presidente. A falta de una reforma fiscal profunda, las únicas vías para recaudar más y gastar en la misma medida es subir el IRPF, no solo a los “ricos” sino a la clase media, subir el IVA que se deja de recaudar, por los beneficios fiscales que se aplican al gravamen, que supondría más de 40.000 millones al año, según un informe del Banco de España. Es una medida demonizada por la izquierda, pero también el secreto del éxito fiscal de los países nórdicos tantas veces puestos de modelo.
Carlos Martínez Mongay, director general adjunto de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, sugería en “El País” «mejorar la eficacia recaudatoria del IVA, aumentar la progresiviadad del IRPF y revisar cotizaciones». Es decir, subir todos los impuestos. El Gobierno, con discreción, ha empezado a sondear a algunos sectores, el hotelero entre ellos. Las reacciones iniciales han sido negativas, pero también hay empresarios que creen que siempre será mejor pactar que esperar a que llegue una imposición por decreto. Sánchez, en definitiva, afronta el dilema de que está obligado a luchar por los Presupuestos de 2020, aunque quizá le convendría prorrogar los de 2019.
Sin embargo, analistas internacionales o el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ya prevén un descalabro del 8% del PIB español. Con los datos de REAF, la recaudación perdería un 18,8% frente a 2029, y se volverían a cifras de 2013, en plena crisis económica tras el boom de 2008.
