Pese a los datos recogidos en materia de empleo y crecimiento económico, España vuelve a los niveles de la crisis financiera en cuanto a tejido productivo. Desde 2014 no se veía una cifra tan alta como la obtenida en este año de empresas que tuvieron que acudir a un concurso de acreedores, 5.475 empresas, 40% más que en 2020.
Entre las comunidades con más quiebra, en primera posición se encuentra Cataluña con 1.500 concurso seguida de Madrid con 347 empresas concursadas más que el año pasado.
Si miramos por sectores, uno de los sectores más perjudicados es el de la restauración que ha tenido un incremento de quiebras de hasta un 125% más, en total unas 867. Sin embargo, hay otros sectores que han sufrido un crecimiento mayor como es el de la construcción con 1.024 o el comercio con 1.157.
Más impactante aún son las cifras de extinciones de empresas que se han registrado a lo largo de este año. Una situación provocado por el incremento de empresas que al mismo tiempo presentan concurso y disolución, un 70% de las empresas concursadas. Casi 25.000 empresas se han disuelto en 2021, que comparado con 2020 supone una subida del 20%.
Las regiones que más han sido afectadas por esta situación son Madrid con el 28% del total, Andalucía con más de 3.000 empresas y Valencia cuya cifra de disolución de empresas crece un 29%. Los sectores de la construcción y la inmobiliaria son los más perjudicados por este fenómeno, al igual que el comercio.
Aumentan los retrasos
La moratoria concursal ha vuelta a ser prorrogada por el Gobierno hasta junio de 2022, algo que está prohibiendo la realización de concursos de acreedores necesarios. Esto está impidiendo que tenga lugar en los juzgados un aluvión de concursos de acreedores, lo que está provocando que la economía se anestesie.
Es por eso que se está advirtiendo del peligro de retrasar aún más la recuperación económica, ya que puede causar el quiebre de numerosas empresas y autónomos, un hecho que podría situar a España como uno de los países con más quiebras.
En cuanto a las insolvencias de personas físicas, estas han aumentando hasta seis veces más comparado con 2015 y seguirán haciéndolo debido a la inflación, el retraso en materias primas y la subida del precio de la energía.
Ninguna empresa, independientemente de su magnitud, está exenta de sufrir las consecuencias de estos peligros. Peligros como el retraso de los fondos europeos, la inflación estructural o la larga espera hasta una nueva regulación fiscal y laboral podrán atrasar la recuperación de España, causando entre tanto más disoluciones.
Baja el ritmo de recuperación
La recuperación de España se prevé que llegará en 2023, debido al ritmo lento que el Gobierno no esperaba. Este retraso de la recuperación ha llevado a organismos a actuar como la OCDE o el FMI que han disminuido las previsiones de crecimiento que habían apuntado para España en 2021. Sin embargo, el Gobierno sigue confiando en crecer un 6,5% económicamente.
Con el voto a favor de Bruselas, las economías de Europa deberán seguir utilizando mecanismos para impulsar la economía, mientras luchan contra la Covid-19. Mecanismos como los créditos ICO o las moratorias concursales. Unas medidas que pueden mantener vivas a numerosas compañías, independientemente de si son viables o no. Mientras tanto, los niveles de tejido productivo siguen siendo bajos y el número de quiebra va aumentando.
En suma, en este paquete de ayuda también se ha ampliado el plazo de uso de fondos de rescate para pymes como empresas estratégicas.
A pesar de ello, como se hace patente en el caso de la SEPI, solamente se ha rescatado a diez empresas en año y medio, mientras que se ha repartido únicamente un 15% del total del fondo. En cuanto a la recapitalización de pymes, se ha ofrecido 12 millones de euros, pero solo a dos empresas en los pocos meses que lleva funcionando.
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