Si no ejerces violencia o intimidación, ¿Puedes okupar una vivienda?

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El Gobierno ha introducido cambios en la Ley antidesahucios y la okupación de viviendas durante la pandemia, y en cuya norma se da manga ancha a la okupación ilegal.

El Gobierno ha ampliado la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional a los casos inmersos en procedimientos penales y ha modificado dos de los seis supuestos en los que no era posible esa suspensión, según consta en el Decreto-ley.

En el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo modifica dos artículos del decreto antidesahucios aprobado el pasado diciembre, que se mantendrá vigente mientras dure el estado de alarma.

Principales modificaciones;

Sustitución de delito por violencia o intimidación

El decreto antidesahucios (que a su vez modificó el decreto de medidas urgentes de marzo) preveía en el artículo 7.c que el juez no pudiera suspender un lanzamiento “cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito“, lo que se sustituye por “cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas“.

“Con la redacción anterior no se podía proteger a ningún ciudadano vulnerable, ya que toda ocupación de una vivienda implica un delito; había que acotarlo”, explican las citadas fuentes ministeriales, que insisten en que la decisión de continuar o no con un desahucio siempre va a quedar en manos de un juez, que resolverá de manera ponderada y proporcional, en cada caso.

Procedimiento penal

También se modifica el artículo 1 bis, que en diciembre estableció la “suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil” y ahora añade “y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal

Por otra parte, se cambian las letras b y c del artículo 7, que regula las excepciones de la suspensión de lanzamientos en los casos de ocupación.

Una de estas excepciones (la letra b) era que la entrada o permanencia en la vivienda se hubiera producido “en un inmueble de propiedad de una persona jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada”.

La actual regulación incluye las ocupaciones en inmuebles propiedad de personas físicas y queda redactado así: “Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada”.

Vigencia durante el Estado de alarma

Se restringe al periodo del estado de alarma, “se faculta al juez para que considere de manera ponderada y proporcional la paralización o no del lanzamiento después de escuchar a los servicios sociales, para que pueda determinar si están implicadas personas vulnerables”.

El decreto-ley publicado hoy en el BOE justifica estas modificaciones en la “necesidad de dar cobertura inmediata a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda”.

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