Suspensión o reducción alquiler de locales por fuerza mayor, las primeras sentencias

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Suspensión o reducción alquiler de locales por fuerza mayor, las primeras sentencias

Los últimos acontecimientos junto con la crisis económica provocada por la pandemia y las restricciones a movimientos están afectando a Madrid capital y a varios municipios de esta Comunidad.

Si a esto le añadimos los ERTES, las pérdidas de empleo, la dificultad de empresarios y autónomos para desarrollar su actividad en locales de negocio  arrendados a terceros, obviamente se incrementan las dificultades de pago de rentas mensuales.

Según datos del Gobierno se prevé un desplome del PIB del 11,2%.

Juristas especialistas en la materia de arrendamientos urbanos han criticado el actual Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, por contener medidas insuficientes para paliar la situación actual, favoreciéndose a los propietarios de los locales.

La intención en este artículo es poner de manifiesto lo expuesto en las últimas sentencias sobre esta cuestión y el perjuicio que están sufriendo los arrendatarios y qué medidas pueden ayudar a los mismos.

Principales pasos que ha de tomar el arrendador ante esta situación:

  • Actuación inmediata por parte del arrendatario aunque se haya negociado con el arrendador una reducción de la renta
  • Cualquier solución negociada es siempre más reconfortante para ambas partes que acudir a los Juzgados y Tribunales a dirimir la controversia.

Así con estas alusiones, enlazamos con el contenido expuesto en artículos anteriores con respecto a la cláusula rebus sic stantibus como mecanismo de defensa ante el advenimiento de las crisis económicas.

Mencionar el Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 81 de Madrid, de fecha 25 de septiembre de 2020, estimando las medidas cautelares solicitadas por una sala de fiestas que vio interrumpida su actividad a consecuencia de la pandemia y no la ha podido reiniciar.

Las medidas cautelares aceptadas por el Juzgado son las siguientes:

 1º) Una vez que se permita la apertura de la sala de fiestas se acuerda la reducción en un 50% de la renta que venía abonando la sala de fiestas antes de la pandemia, tomando como referencia la última factura a ese hecho, es decir, la de febrero de 2020.

 2º) Mientras la sala de fiestas esté cerrada se acuerda la suspensión del pago de la renta.

Otra de las sentencias es el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Benidorm, de 7 de julio pasado, estimando igualmente las medidas cautelares promovidas por un arrendatario de hostelería y restauración consistentes en la suspensión de forma parcial y temporal de su obligación de pago de la renta y la prohibición a la arrendadora de presentar demanda de desahucio durante la tramitación del procedimiento.

Para solicitar estas medidas cautelares es necesario valerse de un informe pericial económico que revele las pérdidas del negocio desde el comienzo de la pandemia y valore todas las circunstancias concurrentes que afectan a acreditar la imposibilidad de satisfacer total o parcialmente la renta.

Hay que dejar claro que aunque el Juzgado estime las medidas cautelares que se soliciten, en sentencia sobre la demanda principal, se tendrá en consideración todas las pruebas aportadas por ambas partes y se determinará finalmente si procede estimar o no todo aquello propuesto por la parte arrendataria o estimar únicamente parte de las medidas.

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