El inquilino no está obligado a pagar una limpieza integral ni a costear el repintado completo de una vivienda cuando termina el contrato. Así lo establece la Audiencia Provincial de Barcelona en una sentencia del 26 de mayo, en la que delimita qué gastos corresponden al arrendador y cuáles pueden exigirse al arrendatario por los daños ocasionados durante el alquiler.
El tribunal considera que el desgaste derivado del uso ordinario de la vivienda y las tareas habituales de mantenimiento corresponden al propietario, salvo que se demuestre que el inquilino ha provocado desperfectos o alteraciones que excedan del uso normal del inmueble.
El litigio se originó tras un contrato de alquiler de seis meses en Sitges. Una vez entregadas las llaves, los arrendatarios solicitaron recuperar los 3.200 euros de fianza, además de reclamar 2.558,70 euros por los trabajos de pintura y otros 228,69 euros por una limpieza general de la vivienda.
Los propietarios, por su parte, reclamaron 8.056,49 euros por diferentes daños y por mobiliario que, según sostenían, había desaparecido o sufrido desperfectos.
El juzgado de primera instancia desestimó la demanda de los inquilinos y estimó parcialmente la reclamación de los propietarios. En consecuencia, condenó a los arrendatarios a abonar 4.041,04 euros, después de descontar la fianza de los 7.241,04 euros reconocidos como indemnización por daños. También les impuso las costas judiciales, una decisión que motivó el recurso ante la Audiencia Provincial.
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Qué exige la ley al inquilino cuando termina el contrato
La finalización de un arrendamiento obliga al inquilino a restituir el inmueble en las condiciones legalmente exigibles y conforme a lo acordado en el contrato. Sin embargo, esta obligación no significa que tenga que asumir las reformas, mejoras o trabajos de acondicionamiento que el propietario considere oportunos antes de volver a alquilarlo.
El Código Civil establece en sus artículos 1561 y siguientes las obligaciones relativas a la devolución del inmueble y la responsabilidad por los posibles deterioros.
En concreto, el artículo 1561 dispone que el arrendatario debe devolver la finca tal como la recibió, exceptuando los menoscabos derivados del paso del tiempo o de causas inevitables.
Por su parte, el artículo 1562 presume que la vivienda se entregó en buen estado, salvo que existan pruebas que acrediten lo contrario. El artículo 1563 atribuye al inquilino la responsabilidad por los daños producidos, excepto cuando pueda demostrar que no son consecuencia de su culpa.
La limpieza general no puede cargarse al inquilino sin demostrar una suciedad excepcional
Uno de los gastos discutidos fue el servicio de limpieza contratado por los propietarios después de recuperar la vivienda. El informe pericial recogía actuaciones en diferentes estancias, entre ellas los cuartos de baño, la cocina, el salón, las ventanas y los cristales.
Sin embargo, la documentación aportada no demostraba que el inmueble presentara un nivel de suciedad extraordinario que justificase exigir ese desembolso a los antiguos arrendatarios.
La Audiencia destacó que tampoco se habían presentado fotografías que evidenciaran un estado de abandono o unas condiciones de higiene especialmente deficientes. Por tanto, consideró que los trabajos reclamados entraban dentro de las tareas habituales de limpieza y acondicionamiento que debe asumir la propiedad.
El hecho de que el arrendador contrate una empresa especializada para limpiar el piso después de cada alquiler no le permite trasladar automáticamente ese gasto al inquilino. Para hacerlo, debe probar que la suciedad supera la que razonablemente puede derivarse del uso normal de la vivienda.
Pintar toda la vivienda no es una obligación automática del arrendatario
La reclamación por el repintado completo del inmueble tampoco prosperó. Las imágenes aportadas al procedimiento mostraban que las paredes se encontraban en condiciones adecuadas al finalizar el contrato, sin desperfectos que justificasen obligar a los inquilinos a sufragar una nueva pintura general.
No obstante, la Audiencia sí apreció una actuación imputable a los arrendatarios en tres habitaciones que habían sido pintadas de colores diferentes sin contar con el consentimiento de los propietarios.
La vivienda se había entregado principalmente con las paredes blancas y el contrato establecía expresamente la obligación de restituir los colores originales. Por este motivo, los inquilinos deberán hacerse cargo del coste de devolver esas tres habitaciones a su acabado inicial.
La resolución limita así la responsabilidad económica a las superficies efectivamente modificadas sin autorización, descartando que pueda extenderse al conjunto de la vivienda.
Daños en el mobiliario: qué reclamaciones aceptó la Audiencia
La sentencia también examina los desperfectos y las ausencias de distintos elementos del mobiliario que los propietarios incluyeron en su reclamación.
En este apartado, el tribunal sí reconoció el derecho a recibir una compensación por varios objetos que faltaban o habían resultado dañados. Entre ellos figuraban un plafón con el cristal roto, una cama plegable, un escritorio y una lámpara que los inquilinos habían retirado, además de la reparación de una cortina antimosquitos.
También admitió la indemnización correspondiente al valor de un sofá tipo ‘chaise longue’ y dos butacas orejeras que habían desaparecido del salón.
En cambio, rechazó reclamar el importe de dos armarios que los arrendatarios habían sustituido, al considerar que el mobiliario nuevo presentaba una calidad similar y unas dimensiones equivalentes a las de los muebles originales.
Tampoco aceptó indemnizar a los propietarios por las sillas o butacas de los dormitorios. Las fotografías publicadas por los propios arrendadores en idealista demostraban que esos elementos seguían estando en la vivienda.
La Audiencia modifica las indemnizaciones y elimina las costas judiciales
La resolución de segunda instancia modifica sustancialmente el pronunciamiento del juzgado. Frente a la reclamación inicial de los propietarios, la Audiencia diferencia los daños efectivamente acreditados de los gastos ordinarios de mantenimiento que no pueden trasladarse al arrendatario.
El fallo obliga a los propietarios a devolver los 3.200 euros de fianza, junto con los intereses correspondientes, mientras que los inquilinos deberán abonar 1.612,21 euros por los daños y elementos del mobiliario cuya responsabilidad sí ha quedado demostrada.
A esa cantidad se añadirá el coste de pintar las tres habitaciones modificadas sin autorización. Su importe se determinará durante la ejecución de la sentencia, aplicando un precio de 8,48 euros por metro cuadrado, más IVA.
Por último, al haber prosperado parcialmente las pretensiones de ambas partes, la Audiencia deja sin efecto la condena en costas dictada en primera instancia y establece que cada parte deberá asumir las correspondientes a la apelación, sin imponerlas a ninguna de ellas.











