El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que desarrolla los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, en vigor desde el 7 de noviembre. La normativa obliga a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla a facilitar información periódica y actualizada sobre la gestión económica y administrativa de las ayudas mediante plataformas informáticas comunes y un cuadro de mando integral.
La disposición, firmada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y aprobada previamente por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, concreta las obligaciones de seguimiento previstas en el real decreto que regula el Plan.
El propósito es comprobar el cumplimiento de los objetivos y el destino de los recursos públicos distribuidos en sus tres grandes ámbitos: aumento de la oferta de vivienda social y asequible; rehabilitación, accesibilidad y regeneración urbana y rural, y ayudas para reducir el esfuerzo económico del alquiler y favorecer la emancipación juvenil.
El nuevo sistema permitirá conocer la evolución de las actuaciones, el número de viviendas y personas beneficiarias, los importes concedidos y el grado de ejecución de los proyectos financiados.
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Comunicación mensual y notificación inmediata de los cambios
La transmisión de información entre administraciones se realizará de forma automatizada, mediante conexiones informáticas entre sistemas y a través de la Red SARA, conforme a los estándares nacionales de interoperabilidad y seguridad.
Las comunidades autónomas tendrán que cumplir dos obligaciones informativas. La primera consiste en remitir un informe completo de indicadores por cada mes natural, durante los cinco primeros días del mes siguiente.
La segunda exige comunicar sin demora cualquier modificación significativa en la gestión o financiación de las ayudas. Entre los acontecimientos que deberán notificarse figuran las concesiones, modificaciones y revocaciones de subvenciones, los pagos a los beneficiarios, los cambios en las actuaciones y la consecución de hitos.
Cada comunicación recibirá una confirmación telemática del Ministerio, que incluirá la validación técnica y señalará posibles incidencias o motivos de rechazo.
De manera excepcional, hasta el 1 de junio de 2027, Vivienda podrá habilitar procedimientos alternativos para aquellas administraciones que encuentren dificultades técnicas para integrar sus sistemas informáticos. Esta flexibilidad, sin embargo, no modificará los plazos ni el contenido de la información que deben proporcionar.
Además, el departamento ministerial creará un Centro de Atención a la Integración y Soporte, dependiente de su División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que centralizará la asistencia técnica, la gestión de credenciales y la resolución de incidencias.
Informes trimestrales y auditorías anuales de los fondos
El seguimiento no se limitará a la remisión de datos mensuales. Las comunidades autónomas también deberán elaborar informes trimestrales de ejecución, que tendrán que presentar antes de finalizar el mes siguiente al periodo analizado.
Estos documentos recogerán los resultados acumulados de cada línea de ayudas, el grado de cumplimiento de los objetivos y las posibles desviaciones respecto a las previsiones iniciales, junto con las medidas correctoras previstas.
A esta obligación se suma un informe anual de evaluación, que deberá entregarse antes del 31 de enero de cada ejercicio. Incluirá el balance de los indicadores del año anterior, las metas previstas para el siguiente y, en cumplimiento de la Ley General Presupuestaria, información detallada sobre las auditorías y controles de las subvenciones realizados por las administraciones autonómicas.
También deberán identificarse las posibles irregularidades detectadas y las medidas adoptadas para corregirlas, incluyendo las actuaciones de las intervenciones generales y los órganos de fiscalización externa.
Cuando se hayan modificado los repartos presupuestarios entre las distintas líneas del Plan, los informes tendrán que incorporar una actualización de los objetivos previstos. Esta documentación servirá igualmente para facilitar el trabajo de análisis y evaluación del Consejo Asesor de Vivienda.
Vivienda podrá paralizar las transferencias por incumplimientos
La falta de colaboración de las administraciones autonómicas puede tener consecuencias económicas. El Real Decreto 326/2026 contempla la posibilidad de suspender total o parcialmente las transferencias de fondos a aquellas comunidades que no entreguen la documentación requerida o cuyos datos pongan de manifiesto incumplimientos de las condiciones del Plan Estatal 2026-2030
Por otra parte, la Dirección General de Planificación y Evaluación podrá publicar información agregada sobre la ejecución del programa para facilitar la rendición de cuentas y el acceso de los ciudadanos a los resultados.
Los datos difundidos procederán de las comunicaciones actualizadas de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla. Su publicación respetará la normativa de protección de datos personales y las obligaciones de confidencialidad, y dependerá de los procesos de validación y consolidación de la información.
Certificaciones obligatorias para garantizar la protección permanente de las VPO
La orden incorpora también nuevas exigencias para las viviendas financiadas con cargo al Plan Estatal. Los organismos responsables de gestionar las ayudas en las comunidades autónomas y las ciudades autónomas deberán emitir una certificación específica por cada actuación subvencionada.
Estos documentos servirán para acreditar, cuando así lo establezca la normativa aplicable, que las viviendas mantienen indefinidamente su régimen de protección y que no pueden ser descalificadas.
Asimismo, deberán garantizar que la adjudicación de los inmuebles se realiza mediante los registros públicos de demandantes o a través de procedimientos que aseguren criterios objetivos y transparentes.
Más indicadores para fiscalizar las ayudas y las viviendas financiadas
El anexo de la orden detalla una amplia batería de indicadores que las administraciones deberán incorporar al sistema informático para evaluar el desarrollo del Plan.
En el apartado de vivienda social y asequible, se controlarán las promociones previstas y ejecutadas, las distintas fases de construcción y la entrega de las viviendas. También se prestará especial atención a los proyectos de construcción industrializada y a las promociones situadas en zonas de mercado residencial tensionado.
En materia de rehabilitación, los registros incluirán los edificios y viviendas intervenidos, las subvenciones otorgadas y las mejoras conseguidas en eficiencia energética.
Por último, las ayudas al alquiler y a la emancipación juvenil estarán sujetas a un seguimiento de las solicitudes recibidas, los beneficiarios, sus ingresos y las cantidades concedidas. El sistema también recogerá determinadas circunstancias personales, con especial atención a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.
Con este nuevo mecanismo, Vivienda pretende disponer de información homogénea y actualizada sobre el destino de los fondos públicos, el cumplimiento de los compromisos autonómicos y los resultados reales del Plan Estatal 2026-2030.













