Hace una década, Andalucía aún lamiéndose las heridas de la crisis del ladrillo, parecía un lugar donde, a pesar de todo, el derecho constitucional a una vivienda digna no era una utopía inalcanzable. Hoy, caminar por los centros de nuestras ciudades —de Huelva a Jaén— es asistir a un proceso de “desahucio silencioso”. Ya no es solo que los precios hayan escalado a lomos de la inflación y la especulación; es que las casas han dejado de ser un hogar para convertirse, exclusivamente, en un activo financiero.
El sur como tablero de juego
La primera razón de este muro invisible es la mercantilización extrema. Hace diez años, el comprador medio era una familia o un trabajador joven. Hoy, ese joven compite en desigualdad de condiciones contra fondos de inversión y capitales que no buscan un techo donde dormir, sino un porcentaje de rentabilidad en una hoja de calculo. La irrupción del fenómeno de los pisos turísticos ha terminado por vaciar nuestros barrios, desplazando a la vecindad hacia las periferias y encareciendo el metro cuadrado de forma artificial. Andalucía, “con su luz y su arte”, se ha puesto en venta al mejor postor externo, olvidando a quienes sostienen el día a día de esta tierra.
El olvido de lo público: una cuestión de tiempos
¿Y dónde ha estado la administración mientras esto ocurría? Aquí entramos en una verdad incómoda que explica la parálisis de la vivienda protegida. Construir vivienda pública no da rédito político inmediato. En el cortoplacismo de nuestra política actual, inaugurar un parque o asfaltar una avenida luce más en una legislatura que un plan de vivienda social que tarda siete u ocho años en materializarse.
Para un gobernante, la vivienda pública es “poco rentable” electoralmente: los frutos los suele recoger el que viene detrás. Por eso, hemos pasado años de sequía en promociones públicas, dejando el derecho a la vivienda al libre albedrío de un mercado que, por definición, no tiene corazón ni conciencia social. Se ha preferido mirar hacia otro lado mientras el suelo se convertía en objeto de especulación en lugar de ser el cimiento de nuestra estabilidad social.
Identidad y dignidad
Ser andaluz no debería significar estar condenado al alquiler perpetuo o a la precariedad habitacional. Nuestra identidad está ligada a la calle, al barrio, a esa red de apoyo mutuo que desaparece cuando los vecinos son sustituidos por cajas de seguridad con códigos para turistas.
Recuperar el acceso a la vivienda en Andalucía no es solo una cuestión de economía; es un acto de soberanía personal. Necesitamos que lo público vuelva a tomar las riendas, que se limite la especulación y que se entienda que una casa es, ante todo, el lugar donde se
construye la vida de un pueblo. Si no protegemos nuestros techos, terminaremos siendo extraños en nuestra propia tierra.
Paco Sanmartín M.
- Perito Judicial Inmobiliario
- Perito Tasador
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