La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido con un grupo de trabajo para la regulación de los alquileres temporales de vivienda donde han estado presentes representantes de otros Ministerios y miembros de la sociedad civil, tales como miembros del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, del Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo. También, con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas
Según la ministra en relación a los alquileres temporales: “Este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler de viviendas al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios de la vivienda, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios”
Cambios en la Ley de Arrendamiento urbano (LAU) y en la Ley de Propiedad Horizontal
En la citada reunión se ha avanzado por parte del gobierno la intención de tramitar con urgencia un Real Decreto Ley para cambiar el articulo 3 de la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU), antes de septiembre, que establezca las condiciones que han de cumplirse para que los alquileres temporales acrediten la causalidad a la hora de formalizar el contrato.
También se anunció que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal donde queden claras las condiciones en las que han de participar las comunidades de vecinos para que tengan capacidad de decisión sobre los pisos turísticos en su bloque de edificios.
De igual manera, ha avanzado la ministra la intención de crear una Plataforma estatal y única de registro de alquileres de corta estancia según el reglamento europeo 2024/1028 que regulará los alquileres turísticos, los alquileres por habitaciones o incluso el arrendamiento de embarcaciones flotantes.
En palabras de la ministra: “Es necesario establecer todos los mecanismo necesarios para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos y salvaguardar los arrendamientos de temporada para lo que son”. El objetivo es dar seguridad jurídica y garantías a los alquileres tradicionales ante el auge de esos otros tipos de arrendamientos.
Críticas desde Sumar y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Desde el ministerio de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar) considera los pisos turísticos un problema de primera magnitud y apuesta por introducir el IVA y así desincentivar fiscalmente esta actividad, con el objetivo de evitar la oferta ilegal y potenciar que los pisos se destinen al uso residencial.
Carlos Martín el portavoz económico de Sumar en el Congreso también ha sido muy crítico con estas medidas manifestando que “El plan del Ministerio de Vivienda para cambiar la Ley de Propiedad Horizontal es claramente insuficiente. Le pasa la pelota del problema a los vecinos. Esta solución no es eficaz, porque en las grandes ciudades ya hay bloques enteros destinados al alquiler turístico donde no hay comunidad de vecinos que pueda oponerse”
Postura de APC España y los COAPI
La Asociación de Promotores y Constructores de España (APC España) apoyan la existencia de un mercado de alquiler transparente que ofrezca mayor seguridad jurídica atribuyendo el aumento del alquiler turístico no tanto al fraude como a la inseguridad jurídica provocada por la Ley de Vivienda, que ha originado una drástica reducción del alquiler residencial.
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España ( COAPI) dicen coincidir con las intenciones del gobierno manifestando que “es muy importante que no se modifique la legislación, sino que únicamente se lleve a cabo un despliegue reglamentario para la preservación del alquiler de temporada”
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