El Ministerio de Vivienda confirma la aprobación del Consejo de Ministros de la futura empresa de la vivienda “Casa 47” que articulará el proyecto de vivienda pública de alquiler en España en los próximos años. “Está infraestructura pública está pensada para abordar las políticas públicas de vivienda y garantizar el derecho a la vivienda, que es un mandato constitucional” afirman desde el MIVAU.
Desde esta infraestructura se pretende la creación de un parque de vivienda que nos sitúe en estándares europeos (8%), cuyos contratos tendrán una vigencia máxima de 75 años, prorrogables cada 14 años a su vez, siempre que se cumplan la mayoría de los requisitos de acceso. La duración, para muchos excesiva, de este tipo de contratos, pretende dar seguridad a los inquilinos, que en caso de no cambiar sus circunstancias tendrán la seguridad de tener un hogar de alquiler asequible para siempre.
Este tipo de viviendas públicas está pensado para la clase media. Los solicitantes deberán tener unos ingresos de entre dos y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Las economías vulnerables serán apoyadas con la vivienda social y las economías muy solventes, es de suponer que no necesitarán ayuda estatal. Además, estas viviendas no solo irán enfocadas a los jóvenes sino a la sociedad en general que puede tener diversas dificultades para el acceso al alquiler.
Desde el Gobierno se afirma que por vez primera el precio público no se va a fijar en base a lo que ha costado construir, sino en base a lo que la ciudadanía puede pagar: “En eso consiste la asequibilidad”. Los alquileres no podrán suponer nunca más del 30’% de la economía familiar y en determinadas zonas estarán limitados. Por ejemplo, se prevé que en Madrid, dados los precios de alquiler, las cuotas de alquiler de estas viviendas públicas serán un 38% menores a las del mercado y en Málaga un 50% menores.
Se ha enfatizado, desde el Ministerio de la Vivienda, la importancia de “Casa 47” para poder gestionar desde la planificación y así evitar errores pasados, prestando atención a las necesidades concretas de cada zona geográfica y en especial a las grandes capitales, zonas costeras e islas. Así mismo se quiere ofrecer a los ciudadanos calidad residencial, una protección permanente y una seguridad jurídica para toda la vida.
Casa 47, el punto de partida.
El punto de partida de “Casa 47” incluye una cartera de viviendas absorbidas de diferentes ministerios (interior, defensa, Sareb) y entidades financieras rescatadas que van a aportar 40.000 viviendas y 2.400 suelos.
A estas viviendas heredadas se sumarán las que se pretenden construir con una oferta pública, que va a ser lanzada, de 100 millones de euros.
El acceso a las ofertas será a través de un portal online donde se podrán consultar las viviendas disponibles y los requisitos de acceso y que se pondrá en marcha en 2026. Cada trimestre serán lanzados paquetes de viviendas, ofreciendo ayuda para la formalización de contratos y vías fluidas de comunicación con los usuarios.
Tras un año desde el anuncio de la creación de una empresa pública de vivienda para construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado (AGE), según el Gobierno, se ha ido estructurando la infraestructura, se han licitado más de 1600 viviendas y se ha puesto todo el patrimonio estatal en manos de la nueva empresa. La actividad de “Casa 47” debe cubrir todo el ciclo inmobiliario, desde la urbanización del suelo, la tramitación urbanística y la construcción de la vivienda, hasta su movilización y gestión, insistían desde el gobierno.
La administración Pública debe apoyarse tanto en promotores de carácter social como en el sector privado, intentando reducir con su acción la presión que se ejerce sobre el mercado. Esta colaboración se está ya materializando en iniciativas como el Perte de Industrialización, aprobado este año, por un importe de 1.300 millones de euros, o las ayudas del Plan de Vivienda 2026-2030.
Avales para cubrir impagos de alquiler
El Consejo de Ministros tiene previsto además aprobar un real decreto, dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una partida económica que ayudará a los propietarios, a jóvenes o a familias vulnerables, que cumplan una serie de requisitos, ante los impagos en caso de alquiler. Pero no es una ayuda a fondo perdido: los inquilinos deben devolver las cuantías a la Administración.
Para muchos expertos, estas ayudas llegan muy tarde y son unas ayudas que los propietarios nunca han pedido, ya que sus necesidades pasan más por obtener del Gobierno una seguridad jurídica que les estimule para la inversión inmobiliaria.
El Gobierno ha lanzado también una ayuda a los jóvenes para acceder a una vivienda de alquiler con opción a compra, que ha creado cierta polémica por su poca eficacia y su escaso alcance.
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