Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, desde Sumar, ha comunicado al PSOE su intención de prorrogar, los contratos de alquiler que vencen en 2025, hasta final de 2026. Esto supondría defender a 1,6 millones de personas que tendrían que renegociar su contrato (630.000 contratos) y enfrentarse a subidas del 30%, el 40% o hasta el 50%. Las previsibles subidas podrían representar un coste medio anual por familia de 1.735 € de media y 1.000 millones de coste acumulado. El Gobierno anuló la prórroga que se había establecido para este tipo de contratos en junio de 2023 y es ahora Sumar quien pretende una reactivación.
Sumar ha justificado su intención de pinchar la burbuja inmobiliaria por la necesidad de blindar a las familias y no favorecer los intereses de la especulación y el rentismo, que para ellos son la clave del problema actual del acceso a la vivienda de alquiler, de las clases trabajadoras. Además, más del 43% de estos contratos, al vencer, se teme que salgan del mercado de alquiler de larga duración.
Sumar tratará de materializar sus intenciones a través de un decreto ley que deberá ser refrendado por sus socios de coalición en el Gobierno.
Acerca del real decreto que anunció Pedro Sánchez, para ayudar a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento, a jóvenes o a familias vulnerables, Sumar se muestra contrario a ello, ya que considera que “Aquí estamos ante un conflicto de intereses: o se protegen los intereses de los inquilinos e inquilinas y las familias trabajadoras, o se blindan los beneficios de una minoría rentista que está extrayendo riqueza de las familias trabajadoras para su propio lucro” como declaró Bustinduy. No obstante, es también intención de los socios del PSOE en el Gobierno debatir cualquier medida planteada para asegurar condiciones de viabilidad en el mercado del alquiler.
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