- La patronal inmobiliaria madrileña considera positiva la decisión del Congreso, aunque alerta de que el mero planteamiento de cambios sobre contratos en vigor ya ha desestabilizado el mercado del alquiler.
- “Celebramos el rechazo de los decretos, pero queda la duda de si será suficiente: el casero ya sabe que las reglas del juego pueden cambiar a mitad de partido”
La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid, valora positivamente el rechazo por el Congreso de los Diputados de los reales decretos-ley 26/2026 y 27/2026. La organización considera que la decisión evita incorporar nuevas restricciones que habrían reducido todavía más la oferta de alquiler habitual. Sin embargo, advierte de que el rechazo no borra la incertidumbre generada durante la tramitación: muchos propietarios ya han recibido el mensaje de que las condiciones de un contrato pueden alterarse una vez firmado.
AMADEI recuerda que las medidas planteaban nuevas prórrogas, limitaciones e indemnizaciones que aumentaban la incertidumbre de los propietarios. Aunque finalmente no entren en vigor, el daño a la confianza ya está hecho: el debate ha consolidado la percepción de que las reglas del alquiler pueden cambiar sobre la marcha. Cuanto mayor es esa inseguridad, menor es la disposición a ofrecer una vivienda en alquiler y más exigentes tienden a ser los filtros de acceso. El rechazo parlamentario evita profundizar en ese efecto, pero no garantiza por sí solo que la oferta retirada o retenida vuelva al mercado.
La patronal reclama que el resultado no se interprete como una victoria de propietarios sobre inquilinos. A su juicio, esa confrontación ha bloqueado durante años cualquier solución duradera. Propietarios e inquilinos necesitan lo mismo: más oferta, reglas previsibles y mecanismos que reduzcan el riesgo sin trasladarlo por completo a una de las partes.
“Celebramos que el Congreso haya frenado estas normas, pero sería ingenuo pensar que con la votación desaparece toda la incertidumbre generada”, señala Ana Solozábal, presidenta de AMADEI. “El casero ya sabe que las reglas del juego pueden cambiar a mitad de partido, y esa duda pesa cuando decide si alquila, retira la vivienda o endurece las garantías. Ahora toca reconstruir confianza con normas estables, diálogo con el sector y una estrategia a largo plazo”.
AMADEI reclama al Gobierno y a los grupos parlamentarios que abran de inmediato una negociación con comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones del sector y representantes de propietarios e inquilinos. El objetivo debe ser un Pacto de Estado por la Vivienda con compromisos medibles sobre construcción, alquiler asequible, rehabilitación, suelo y plazos urbanísticos.
Entre las prioridades, la patronal madrileña sitúa el incremento real del parque público y asequible, la movilización de suelo, la agilización de licencias y la colaboración público-privada. También propone incentivos fiscales vinculados a alquileres moderados, avales públicos frente a impagos y procedimientos rápidos para recuperar la vivienda cuando exista incumplimiento o termine válidamente el contrato.
La organización defiende que estas garantías permitirían incorporar inmuebles hoy vacíos y, al mismo tiempo, rebajar los filtros económicos exigidos a quienes buscan casa. En un mercado tensionado como el madrileño, proteger al inquilino no consiste únicamente en prolongar su contrato, sino en conseguir que disponga de alternativas reales cuando necesita mudarse o acceder por primera vez a una vivienda.
AMADEI pide asimismo abandonar el uso recurrente del real decreto-ley para introducir reformas estructurales en el alquiler. La vivienda exige debate parlamentario, seguridad jurídica y coordinación territorial, no normas sucesivas ni propuestas que dejen en el aire las condiciones pactadas. La previsibilidad no es una reivindicación abstracta: es un requisito para que más propietarios mantengan sus viviendas en el mercado y para que los inquilinos encuentren una oferta más amplia y accesible.
“Hoy se ha evitado un paso en la dirección equivocada, pero el daño a la confianza no desaparece con una votación. Celebramos el rechazo, aunque nos queda la duda de si será suficiente para revertir la inseguridad jurídica transmitida. Si no se ofrece pronto un marco estable y consensuado, muchos propietarios seguirán tomando decisiones desde la cautela, y eso terminará afectando también a quienes buscan una vivienda”, concluye Solozábal.
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