Se prorroga otro año el Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables

0
233
Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables

El Fondo Social de Vivienda seguirá vigente hasta 2020.

Según ha informado el Ministerio de Economía y Empresa, el Fondo Social de Vivienda (FSV) ha sido prorrogado por el Gobierno hasta enero del 2020. Dicha prórroga ha sido acordada por el Ministerio de Economía y Empresa con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, la Asociación Española de Banca, la Asociación Hipotecaria España, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Plataforma del Tercer Sector y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

Este fondo comenzó en enero de 2013 con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras con el objetivo de ofrecer cobertura a familias desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario o como resultado de una dación en pago y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social. Actualmente se compone de más de 9.600 viviendas.

Desde que se constituyó hasta junio de 2018 se han realizado 10.244 contratos de alquiler. Se trata de arrendamientos de rentas bajas, entre 150 y 400 euros al mes, destinados a personas y familias vulnerables.

Requisitos para acceder al Fondo Social de Vivienda.

Pueden acceder al fondo aquellas personas físicas que hayan perdido su vivienda habitual después del 31 de diciembre de 2007 y que en el momento de la solicitud los ingresos familiares no superen el límite de tres veces IPREM, ni dispongan de otra vivienda en propiedad o en usufructo.

Asimismo, los solicitantes deberán encontrarse en uno de los supuestos de especial vulnerabilidad fijados, que son los siguientes:

  • Unidad familiar con hijos menores de edad.
  • Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
  • Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite.
  • Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado sus prestaciones.
  • Unidad familiar con alguna víctima de violencia de género.
  • Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone un activo indispensable para su inclusión social.
  • Personas mayores de sesenta años.
  • Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos.
  • Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las mencionadas.