Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan un importante descenso de las demandas civiles por ocupación ilegal de viviendas durante el primer trimestre del año. Entre enero y marzo se registraron 460 procedimientos, lo que supone una caída interanual del 22,3% y el inicio de ejercicio con menos litigios desde que existen registros específicos sobre esta materia.
Además, el volumen de demandas se sitúa muy por debajo de la media histórica, que ronda los 720 procedimientos trimestrales.
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Las estadísticas solo recogen una parte de los casos de okupación de viviendas
La reducción de las demandas no implica necesariamente una disminución de la ocupación ilegal de viviendas. Los datos publicados por el CGPJ únicamente contabilizan los procedimientos tramitados por la vía civil en determinados supuestos, por lo que quedan fuera numerosas situaciones que no llegan a los juzgados o que se resuelven mediante otras vías.
Entre los casos no incluidos figuran los procesos penales por usurpación o allanamiento de morada, las viviendas propiedad de empresas, los desalojos producidos por intervención policial, los acuerdos extrajudiciales y otros conflictos que nunca terminan convirtiéndose en una demanda judicial.
Los cambios legales favorecen soluciones previas al juicio
Otro factor que puede estar influyendo en la caída de los procedimientos judiciales es la entrada en vigor de la normativa sobre eficiencia de la Administración de Justicia. La nueva regulación obliga, en determinados supuestos, a intentar una negociación previa al desahucio mediante los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de presentar la demanda.
Esta exigencia ha trasladado parte de los conflictos fuera de los tribunales y está provocando retrasos en numerosos procedimientos, especialmente por la falta de criterios uniformes sobre cuándo resulta obligatorio acudir a estos mecanismos previos.
Aumentan las soluciones extrajudiciales para recuperar las viviendas
Cada vez son más los propietarios que optan por alternativas distintas al procedimiento judicial para recuperar la posesión de sus inmuebles. Entre estas opciones figuran los acuerdos económicos con los ocupantes, la condonación de deudas, la contratación de empresas especializadas en desocupaciones o incluso la venta de viviendas ocupadas con un importante descuento respecto al precio de mercado.
También existen situaciones en las que algunos propietarios formalizan contratos de arrendamiento con los ocupantes para evitar procesos largos y costosos, mientras que otros casos terminan resolviéndose mediante actuaciones policiales rápidas que tampoco aparecen reflejadas en las estadísticas judiciales.
Andalucía encabeza las demandas durante el primer trimestre
Por comunidades autónomas, Andalucía concentró el mayor número de demandas civiles por ocupación ilegal, con 94 procedimientos, equivalentes al 20,43% del total nacional. A continuación se situaron Cataluña (88), Comunidad Valenciana (64), Canarias (53), Madrid (28), Galicia (26), Castilla y León (24) y Castilla-La Mancha (20), mientras que el resto de territorios registraron menos de veinte demandas en ese periodo.
Durante el conjunto de 2025 Cataluña fue la comunidad con más procedimientos, aunque el liderazgo pasó a Andalucía en el arranque del presente ejercicio.
La agilización de los desalojos continúa siendo uno de los principales retos
Diversos sectores vinculados al ámbito jurídico e inmobiliario coinciden en señalar que la rapidez en la recuperación de las viviendas y el refuerzo de la seguridad jurídica siguen siendo elementos clave para afrontar la ocupación ilegal.
Entre las medidas planteadas figuran la agilización de los procedimientos de desalojo, un mayor margen de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando la normativa lo permita y la reactivación de distintas iniciativas legislativas que permanecen pendientes de tramitación parlamentaria. Algunas de estas propuestas incluyen desalojos en plazos de hasta 48 horas y un endurecimiento de las sanciones para determinados supuestos de ocupación ilegal.
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