La falta de protección de la propiedad privada vuelve a situarse en el centro del debate político. La Plataforma de Afectados por la Okupación e Inquiokupación (PAO) denuncia que dos iniciativas legislativas destinadas a endurecer la respuesta frente a la ocupación ilegal permanecen bloqueadas desde hace más de un año en el Congreso de los Diputados debido a la continua ampliación del plazo para presentar enmiendas. A juicio del colectivo, esta situación mantiene sin respuesta a miles de propietarios y retrasa la adopción de medidas que consideran urgentes.
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La PAO denuncia un bloqueo parlamentario prolongado
La organización sostiene que las sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas han terminado por convertirse en un mecanismo que impide el avance de ambas proposiciones de ley. Según sus cálculos, los dos textos acumulan 139 prórrogas consecutivas, una circunstancia que califican de “parálisis parlamentaria” y que, en su opinión, impide que el Pleno pueda debatir y votar unas reformas que afectan directamente a la defensa de la propiedad privada.
La plataforma atribuye esta situación a las decisiones adoptadas por la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, y considera que el uso reiterado de este procedimiento está retrasando indefinidamente la tramitación de iniciativas ya admitidas a trámite.
Dos reformas pendientes para acelerar los desalojos
La proposición que lleva más tiempo pendiente fue impulsada por el Partido Popular y obtuvo el respaldo del Senado a comienzos de 2024. Desde entonces permanece en el Congreso sin avanzar en su tramitación.
El texto plantea un endurecimiento de la respuesta frente a la ocupación ilegal mediante diversas modificaciones legislativas. Entre ellas figuran la posibilidad de desalojar inmuebles ocupados en un plazo de 24 horas, impedir el empadronamiento de los ocupantes ilegales, aumentar las penas previstas para determinados delitos de usurpación y ampliar la responsabilidad penal a conductas preparatorias como la conspiración o la provocación.
El PP llegó a recurrir esta situación ante el Tribunal Constitucional al considerar que la iniciativa permanece paralizada de forma injustificada, aunque el alto tribunal todavía no se ha pronunciado sobre ese recurso.
La segunda propuesta corresponde a Junts y comenzó su tramitación en el Congreso en marzo de 2025 con el apoyo tanto del PSOE como del PP. Su objetivo también pasa por agilizar la recuperación de las viviendas ocupadas mediante reformas procesales y penales.
Entre las medidas previstas figura la posibilidad de acelerar los desalojos hasta un máximo de 48 horas, reforzar las medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y diferenciar claramente los procedimientos relacionados con ocupaciones ilegales de aquellos derivados de impagos de alquiler u otros conflictos civiles.
Los afectados apelan a la Constitución y al Tribunal Constitucional
La Plataforma considera que la reiteración de las prórrogas vulnera el derecho de representación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución al impedir que las iniciativas lleguen al debate parlamentario ordinario.
Además, el colectivo reclama que la Mesa del Congreso aplique la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en la STC 32/2026, resolución que, según sostienen, rechaza la utilización reiterada e inmotivada de las ampliaciones de los plazos cuando estas impiden el normal desarrollo del procedimiento legislativo.
Por ello, solicitan que la tramitación de ambas proposiciones se reactive tras el paréntesis estival para que puedan continuar su recorrido parlamentario.
El bloqueo también afecta a otras iniciativas legislativas
La PAO ha decidido integrarse en el Frente Cívico por la Calidad Democrática, una plataforma que agrupa a distintas asociaciones afectadas por la paralización de proyectos legislativos de naturaleza muy diversa.
Entre las iniciativas pendientes figuran la reforma de la Ley de Costas, la regulación de los núcleos urbanos tradicionales, las mejoras para las víctimas de la talidomida o la reducción del IVA aplicable a peluquerías y centros de estética. Todas ellas acumulan decenas de prórrogas del plazo de enmiendas, lo que, según estas organizaciones, evidencia un problema estructural en la tramitación parlamentaria.
Las entidades integradas en este frente reclaman que las leyes puedan seguir su curso normal y que sean los grupos parlamentarios quienes decidan su futuro mediante el correspondiente debate y votación, en lugar de permanecer bloqueadas durante meses o incluso años por sucesivas ampliaciones de los plazos procedimentales.
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