El Gobierno valenciano, presidido por Juanfran Pérez Llorca, prepara una nueva legislación urbanística con la que pretende impulsar la construcción de vivienda asequible y agilizar el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. El objetivo del Consell es que la norma pueda aprobarse antes de las próximas elecciones autonómicas, aunque su tramitación en Les Corts exigirá reunir los apoyos parlamentarios necesarios, incluido el de Vox.
El proyecto de ley contempla dos nuevos mecanismos que permitirán a los ayuntamientos reservar al menos el 50% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida en determinados desarrollos. Esta posibilidad estará condicionada a que se justifique la necesidad de aumentar la oferta de primera residencia ante situaciones de escasez de viviendas y elevada presión de la demanda.
Una de las herramientas será el plan especial de iniciativa pública para vivienda protegida municipal, mediante el que los consistorios que cumplan los requisitos podrán garantizar que, como mínimo, la mitad de la capacidad edificatoria residencial de los proyectos incluidos se destine a viviendas asequibles.
La segunda fórmula se articulará a través de los planes de acción territorial sectorial de vivienda protegida, concebidos para actuaciones que afecten a varios municipios. Su finalidad es facilitar la planificación conjunta y coordinar el desarrollo de nuevas promociones en áreas metropolitanas donde las necesidades residenciales superan los límites de un único término municipal.
La iniciativa mantiene, además, los porcentajes generales de reserva de suelo previstos en la legislación urbanística anterior y en la normativa estatal: un 30% de la edificabilidad residencial en las nuevas urbanizaciones y un 15% en las operaciones de reforma o renovación urbana. Por tanto, el porcentaje del 50% no se aplicaría automáticamente a todos los desarrollos, sino a aquellos que se acojan a los nuevos instrumentos y reúnan las condiciones establecidas.
Recuperar terrenos públicos para construir hasta 120.000 viviendas
La reforma urbanística incorpora otra vía para ampliar el parque residencial: reutilizar terrenos de titularidad pública que actualmente tienen usos no residenciales o permanecen sin aprovechar. La medida se desarrollará mediante los denominados Proyectos Habitacionales Locales, que permitirán estudiar la transformación de determinados suelos dotacionales y parcelas del patrimonio municipal en espacios destinados a nuevas promociones de vivienda.
Según las estimaciones de la Generalitat, la Comunidad Valenciana dispone de cerca de ocho millones de metros cuadrados de terrenos que podrían encontrarse en esta situación. El Ejecutivo considera que, si se aprovechara aproximadamente la mitad de esa superficie, sería posible promover hasta 120.000 viviendas en el conjunto del territorio autonómico.
La propuesta busca movilizar recursos públicos ya existentes para reducir los obstáculos que dificultan la creación de nueva oferta. Su alcance efectivo dependerá, no obstante, de la disponibilidad real de las parcelas, de su adecuación urbanística y de los procedimientos necesarios para hacer viable su transformación.
El Consell atribuye parte del problema residencial a la insuficiente construcción de vivienda protegida durante los últimos años. Los datos de la Administración autonómica muestran que 407 viviendas protegidas obtuvieron la calificación definitiva en 2025, es decir, completaron el proceso administrativo correspondiente a su finalización.
Menos trámites y plazos urbanísticos más claros
La futura norma pretende sustituir la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), aprobada en 2014 , cuyo articulado ha experimentado numerosas modificaciones posteriores. El Gobierno valenciano defiende que la sucesión de cambios normativos ha complicado la gestión urbanística y considera necesario establecer un marco más claro y estable para las administraciones y los promotores.
Uno de los ejes de la reforma será simplificar los procedimientos administrativos, reducir la incertidumbre jurídica y acortar los tiempos de tramitación de los proyectos residenciales. Para ello, el texto busca delimitar con mayor precisión qué actuaciones requieren licencia urbanística y cuáles pueden desarrollarse mediante declaración responsable.
Entre las novedades figura una licencia básica o de parámetros esenciales, que permitirá a la Administración verificar inicialmente los aspectos urbanísticos fundamentales de una actuación. Una vez concedida, el promotor podrá avanzar en la tramitación sin tener que esperar a que se complete toda la documentación técnica exigida para las fases posteriores, conforme al procedimiento previsto en la ley.
El proyecto también establece un plazo máximo de seis meses para el control ordinario de las declaraciones responsables, con el propósito de aportar mayor previsibilidad a los procedimientos.
Con esta reforma, el Consell aspira a combinar tres objetivos: aumentar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida, aprovechar terrenos públicos infrautilizados y acelerar los trámites urbanísticos. Su impacto dependerá de la aprobación definitiva de la ley, de su aplicación por los ayuntamientos y de la capacidad de convertir las reservas de suelo y los proyectos anunciados en viviendas efectivamente construidas.
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