El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, que alcanzará 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que representa un incremento del 3,1% respecto al año anterior. Esta medida beneficiará a más de dos millones de trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes y empleados de sectores con salarios bajos, según el Gobierno. La decisión refuerza la política de acercamiento del SMI al 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea, aunque algunos expertos advierten sobre sus efectos económicos secundarios.
Impacto en autónomos y pequeñas empresas
Aunque la subida está pensada para mejorar los ingresos de los trabajadores con menor remuneración, el aumento del coste laboral puede superar los 700 euros anuales por empleado debido a las cotizaciones sociales. Para autónomos y pequeñas empresas, cuyo margen suele ser ajustado, esta subida puede traducirse en una importante destrucción de puestos de trabajo, ya que incrementar el salario mínimo sin un paralelo aumento de la productividad puede limitar la expansión de las plantillas. Los sectores más intensivos en mano de obra, como hostelería, comercio minorista, agricultura y servicios personales, podrían sentir con más fuerza esta presión, dado que la mayoría de sus empleados reciben salarios cercanos al mínimo legal.
Además, la medida tiene un impacto indirecto en los costes operativos de las empresas, desde la gestión de nóminas hasta la obligación de regularizar los pagos retroactivos desde enero de 2026, lo que puede generar tensiones de liquidez especialmente en negocios familiares y pymes con pocos trabajadores.
Prohibición de pluses para alcanzar el SMI
El Gobierno también planea prohibir la compensación de pluses y complementos salariales para alcanzar el SMI. Esto significa que las empresas deberán garantizar que el sueldo base llegue por sí solo a los 1.221 euros, sin recurrir a pluses de transporte, antigüedad o disponibilidad. Esta medida podría generar un sobrecoste adicional de hasta 3.000 euros anuales por empleado en algunos casos, especialmente en negocios que previamente utilizaban estas compensaciones. Los expertos señalan que esta decisión busca transparencia salarial y garantizar que el salario mínimo sea real, pero también incrementa los costes laborales de manera significativa.
Evolución histórica y efectos económicos
Desde 2018, el SMI ha aumentado más del 66%, pasando de 735,9 euros a los 1.221 euros actuales en 2026. Este incremento del 100% en siete años no ha ido acompañado de un aumento equivalente de la productividad, lo que genera preocupación entre economistas y empresarios sobre posibles efectos negativos en la creación de empleo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. La alta velocidad de incremento salarial puede inducir que algunas empresas opten por reducir contratación, automatizar procesos o incluso replantear su modelo de negocio para absorber los nuevos costes.
El Ejecutivo defiende que esta política contribuye a reducir la desigualdad y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras que los críticos advierten que la medida puede provocar efectos contraproducentes si los aumentos salariales continúan superando la productividad nacional.
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