El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra las restricciones legales a la vivienda de uso turístico.
El Pleno del Parlament de Cataluña validó el 20 de diciembre de 2023 el Decreto Ley 3/2023, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico donde establecía un régimen transitorio de cinco años para que los propietarios de las viviendas turísticas ya existentes pudieran actualizar su situación y conservar su licencia actual. Además, daba libertad a los ayuntamientos para otorgar o no licencias, con un límite de 10 licencias por cada 100 habitantes.
Contenido de la sentencia del Tribunal Supremo
Ahora, el Tribunal Constitucional en su sentencia confirma el decreto afirmando que no vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia e insiste textualmente en que: “es conforme con la protección constitucional de la propiedad privada, la autonomía local, la tutela judicial efectiva, la igualdad y la seguridad jurídica, además de con el régimen en materia de unidad de mercado establecido por la legislación básica estatal”.
Por lo tanto, se rechazan las acusaciones del PP relativas a infracciones del derecho de propiedad privada, en especial de la expropiación forzosa. Y se concluye que el régimen del uso turístico no atenta contra el derecho a la propiedad, sino que delimita tan solo un aspecto específico de su contenido.
Considera el Tribunal Constitucional el régimen legal de las viviendas turísticas como algo necesario para proteger el entorno urbanístico planificado. La regulación realizada sobre las competencias municipales se consideran respetuosas con la autonomía local, ya que protegen intereses supralocales existentes.
El Ayuntamiento de Barcelona aplaude la sentencia del Tribunal Supremo
El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado la sentencia del TC, afirmando a través de su alcalde que: “Vamos en el camino correcto”, y que: “Es una magnífica noticia en favor del derecho a la vivienda y para la decisión que tomamos desde el gobierno en 2023 de no renovar ninguna de las licencias turísticas vigentes hasta noviembre de 2028”. En su opinión, Europa mira de cerca estas medidas de regulación de las viviendas de uso turístico y así mismo señala que: “Esta ratificación de la legalidad constitucional que permite a Barcelona tomar esta decisión avala la idea que cambiar las reglas del juego no solo es positivo y posible, sino que es legal y constitucional”
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