El Ministerio de Vivienda ha planteado destinar 90 millones de euros a políticas de vivienda vinculadas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, una condición que deja fuera a territorios como Andalucía, que han optado por no aplicar este mecanismo previsto en la Ley estatal de Vivienda.
La decisión ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas. La Junta de Andalucía considera que vincular el acceso a los fondos a una determinada política regulatoria supone penalizar a las regiones que han ejercido legítimamente sus competencias de otra manera.
El proyecto distribuye los 90 millones entre Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, mientras Andalucía queda excluida por no haber declarado zonas tensionadas. Los recursos podrán destinarse, entre otras actuaciones, a promover y rehabilitar vivienda asequible o social, adquirir y urbanizar suelo e incorporar viviendas al parque residencial.
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Andalucía rechaza que la zona tensionada sea la puerta de entrada a las ayudas
La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha anunciado que la Junta presentará alegaciones para reclamar que Andalucía pueda acceder también a estos recursos.
La Administración autonómica sostiene que los problemas de acceso a la vivienda existen con independencia de que una comunidad haya declarado o no zonas tensionadas y reclama que la financiación se distribuya atendiendo a las necesidades reales de cada territorio.
“Andalucía no aceptará que los fondos de vivienda dependan de la declaración de zonas tensionadas”, ha advertido Díaz. La consejera recuerda además que la legislación estatal configura esta declaración como una posibilidad de las comunidades autónomas, no como una obligación.
La Junta propone sustituir este requisito por criterios objetivos de necesidad residencial, entre ellos la evolución de los precios de compraventa y alquiler, el esfuerzo económico de los hogares, el crecimiento de la demanda, la relación entre oferta y demanda, la producción de vivienda y la disponibilidad de vivienda asequible y social.
Un modelo regulatorio como condición para recibir financiación
La controversia no se limita al importe de las ayudas. El fondo del conflicto está en si el Estado puede condicionar una parte de la financiación destinada a vivienda a que las comunidades adopten un determinado instrumento regulatorio.
Andalucía considera que esta fórmula genera un trato desigual entre territorios con problemas habitacionales similares pero que han elegido políticas diferentes.
La Junta resume su posición señalando que los recursos públicos deberían asignarse en función de las necesidades de los ciudadanos y no de la decisión de declarar una zona tensionada.
El debate se produce, además, en el contexto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado con una dotación de 7.000 millones de euros, de los que el Estado aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40%.
Críticas a Casa 47 por la ausencia de viviendas en Andalucía
La consejera andaluza también ha cuestionado la actuación de Casa 47, la entidad estatal encargada de gestionar y ampliar el parque público de vivienda, por la ausencia de viviendas asequibles disponibles en Andalucía.
Díaz ha reclamado información sobre dónde se ubicarán los 1.500 nuevos inmuebles anunciados por el Gobierno y ha cuestionado que Andalucía pueda quedar al margen de esta ampliación del parque público.
La crítica de la Junta se suma así a la discusión sobre el reparto territorial de los recursos estatales para vivienda: no solo reclama financiación, sino también una mayor presencia de las actuaciones estatales en Andalucía.
La Junta apuesta por aumentar la oferta en lugar de limitar el mercado
Frente al modelo basado en la declaración de zonas tensionadas, el Gobierno andaluz defiende una estrategia centrada en incrementar la oferta de vivienda asequible, movilizar suelo y combinar inversión pública y privada.
La Junta ha señalado que aportará 478 millones de euros, el 40% de la financiación correspondiente a Andalucía en la nueva fase del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El Ejecutivo autonómico sostiene que ampliar el número de viviendas disponibles constituye una de las principales vías para facilitar el acceso a la vivienda y reclama que las políticas estatales tengan en cuenta las diferentes estrategias adoptadas por cada comunidad.
25 millones en avales para familias numerosas
Durante su intervención, Rocío Díaz también ha anunciado una futura línea de avales hipotecarios para familias numerosas, que contará inicialmente con una dotación de 25 millones de euros.
La medida se incorpora a la estrategia de la Junta para facilitar el acceso a la propiedad a determinados colectivos y ampliar las herramientas de apoyo a la compra de vivienda.
El enfrentamiento por los 90 millones refleja, en definitiva, dos enfoques diferentes sobre cómo afrontar la crisis residencial: por un lado, un modelo estatal que vincula parte de los recursos a la declaración de zonas tensionadas; por otro, comunidades como Andalucía que reclaman que la financiación se determine por la intensidad de las necesidades habitacionales y no por la elección de un determinado instrumento regulatorio.
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