La Comisión Europea trabaja en una iniciativa legislativa para eliminar obstáculos burocráticos que ralentizan la construcción y rehabilitación de viviendas. La propuesta, cuya presentación está prevista para el segundo trimestre de 2027, pretende simplificar los procedimientos, reducir los costes asociados a las obras y favorecer un incremento de la oferta residencial. La medida se enmarca en el programa de trabajo comunitario y en el desarrollo del Plan Europeo de Vivienda Asequible.
El Ejecutivo de la UE busca dar respuesta a un problema que afecta cada vez a más ciudadanos europeos, aunque todavía no ha detallado qué normas concretas serán objeto de modificación. La intención es revisar las exigencias administrativas que condicionan la actividad del sector inmobiliario y dificultan la puesta en marcha de nuevos proyectos residenciales.
Durante la presentación del programa, el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, defendió la necesidad de reducir la carga burocrática para facilitar la actividad empresarial y estimular la inversión. La simplificación normativa no se limitará al mercado residencial, sino que también afectará a ámbitos como la banca y el transporte. Asimismo, Bruselas pretende agilizar la tramitación de autorizaciones para proyectos considerados estratégicos.
Menos trabas para construir y nuevas medidas energéticas
La política energética constituye otro de los ejes del programa comunitario. La Comisión estudia nuevas iniciativas para contener el coste de la electricidad y los combustibles, en un escenario de dificultades de suministro y elevada presión sobre los hogares y las empresas.
Entre las actuaciones previstas figura un paquete legislativo destinado a simplificar las normas energéticas a partir de 2030. También se plantea impulsar la instalación de bombas de calor mediante un posible mecanismo que permita reducir la inversión inicial que deben afrontar las familias y disminuir su dependencia de los combustibles fósiles.
A corto plazo, Bruselas quiere mejorar el funcionamiento de las refinerías europeas y contempla aplazar algunas obligaciones recogidas en la normativa sobre emisiones de metano. Estas actuaciones buscan aportar mayor flexibilidad al sector energético y contribuir a moderar los costes en un contexto de incertidumbre.
El calendario legislativo incluye igualmente una revisión de las directivas comunitarias sobre protección de aves y hábitats naturales. La normativa relacionada con la red Natura 2000 será examinada durante el tercer trimestre de 2027, con el propósito de valorar posibles modificaciones que permitan mejorar su aplicación y funcionamiento.
Agua, cambio climático y nuevas políticas sociales
El programa de trabajo de la Comisión incorpora otras iniciativas relacionadas con los desafíos medioambientales y sociales. Entre ellas destaca un plan europeo para combatir las olas de calor, junto con nuevas medidas para mejorar la gestión de los recursos hídricos.
También está prevista una revisión de los límites de emisiones de CO2 aplicables a los vehículos pesados. En el terreno social, el Ejecutivo comunitario pretende avanzar hacia un acuerdo europeo sobre cuidados y desarrollar una estrategia vinculada al denominado ‘derecho a quedarse’, orientada a ofrecer mejores oportunidades para que los ciudadanos puedan construir su proyecto de vida en sus territorios de origen.
Bruselas quiere retirar 18 iniciativas legislativas pendientes
Además de anunciar nuevas propuestas, la Comisión Europea plantea sacar de su agenda 18 iniciativas legislativas que todavía no han completado su tramitación. La decisión responde a diferentes motivos: negociaciones estancadas, previsión de costes adicionales para empresas y ciudadanos o pérdida de relevancia de determinados textos respecto a las prioridades actuales de la Unión Europea.
Uno de los proyectos afectados es la directiva conocida como ‘Green Claims’, diseñada para combatir las declaraciones medioambientales engañosas. Su objetivo era establecer criterios comunes que obligasen a las empresas a acreditar las afirmaciones sobre sostenibilidad y características ecológicas utilizadas para promocionar sus productos.
También figura entre las propuestas susceptibles de retirada la reforma de la fiscalidad europea sobre los productos energéticos y la electricidad, cuyo avance se ha visto condicionado por la falta de unanimidad entre los Estados miembros.
La relación incluye, además, iniciativas para armonizar determinados aspectos de la tributación empresarial y combatir los retrasos en los pagos comerciales entre compañías.
No obstante, la retirada de estos expedientes todavía no es definitiva. La Comisión analizará previamente las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo antes de adoptar una decisión sobre cada uno de ellos.
El programa contempla asimismo la eliminación de otras 14 disposiciones legislativas actualmente en vigor que Bruselas considera desfasadas o poco adecuadas para alcanzar los objetivos para los que fueron aprobadas. Con este conjunto de actuaciones, el Ejecutivo comunitario pretende avanzar hacia un marco normativo más sencillo, reducir las cargas administrativas y concentrar sus recursos legislativos en las prioridades económicas, energéticas y sociales de la Unión.
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