Desde la aprobación de la Ley 12/2023 de la vivienda el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está persiguiendo a diversas agencias inmobiliarias por supuestas prácticas profesionales ilícitas, tras las denuncias reiteradas de Facua, del Sindicato de Inquilinas-CECU, y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Hace tres meses el Ministerio abrió expediente sancionador en el ámbito de la vivienda, a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas, Airbnb, por anunciar miles de viviendas sin licencia turística. Ahora el expediente sancionador ha sido contra Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Además, se están investigando a otras compañías por cobrar comisiones ilegales y obligar a los inquilinos a contratar servicios no solicitados, por establecer la obligación de contratar seguros o exigir a inquilinos el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas.
Las agencias muestras a veces información falsa o información que, aun siendo veraz, puede inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación. La falsa información puede atentar contra el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. Un ejemplo de esto sería anunciar una oferta inmobiliaria como proveniente de un particular y ser realmente iniciativa de una empresa.
La Ley de Defensa de los Consumidores, podría calificar como graves o muy graves este tipo de prácticas abusivas y la misma Ley de la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Para las consideradas infracciones graves, las multas podrían ser de hasta 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Si se calificaran las infracciones como muy graves, las multas podrían llegar hasta el millón de euros, pudiéndose superar esa cantidad hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
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