El Anteproyecto de Ley de la Vivienda lanzado por la Junta de Andalucía el año pasado para ser aprobado a finales de este, ha sufrido una serie de modificaciones. Se ha retirado del texto una de las medidas más controvertidas: la posibilidad de vender una VPO pasados 10 años desde su adjudicación. En principio se establecía que la VPO pasaría al mercado libre “una vez hayan transcurrido 10 años desde la calificación definitiva o el plazo establecido para que proceda la descalificación fijada en el plan al que estuviera acogida la vivienda si éste fuera inferior a 10 años”. Pero a partir de ahora será cada Plan de Vivienda especifico el que establezca el periodo para la descalificación. Además, en el caso de suelos dotacionales estará prohibida indefinidamente la venta libre.
Las correcciones en el Plan Vive 2020-2030 de Andalucía, además de retrasar el proceso de descalificación, también obligará al propietario a reintegrar la totalidad de subvenciones, préstamos y ayudas recibidas a la hora de obtener una de estas viviendas. Los periodos para la descalificación que rigen en la actualidad son:
- Viviendas de régimen especial y alojamientos protegidos: 15 años.
- Viviendas protegidas de régimen general: 10 años.
- Viviendas protegidas de precio limitado: 7 años.
Desaparece el término “inquiocupación” y el Registro Oficial de Agentes inmobiliarios
Se corrige el borrador inicial que establecía la creación de una comisión “contra la Ocupación ilegal e inquiocupación” para la coordinación de la información, asesoramiento y acciones para evitar la ocupación ilegal e inquiocupación y para ofrecer soluciones habitacionales conjuntas en situaciones de desahucio y vulnerabilidad social. Ahora, se suprime del texto el término “ inquiocupación” y se intenta fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios.
Se ha eliminado a su vez el polémico Registro Oficial de Agentes inmobiliarios y se imposibilita a la Junta a participar en los registros municipales de demandantes de vivienda protegida.
Este anteproyecto de Ley de la Vivienda en Andalucía, ya corregido, está en manos del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) antes de su tramitación parlamentaria y se está debatiendo con sindicatos y empresarios.
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