Aprobada la ley del desahucio exprés contra las okupaciones

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El pasado mes de abril, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó la proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con motivo de poder agilizar el fin de la okupación ilegal de una vivienda.

Una de las prioridades es recuperar la vivienda okupada en un plazo máximo de 20 días en aquellos casos en los que el inmueble pertenezca a un particular, una entidad sin ánimo de lucro o a la Administración pública, cuyo ocupante no haya podido justificar su titularidad en los 5 días siguientes al requerimiento judicial. Se han excluido de proceso de desahucio a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social.

Por lo tanto, según la propuesta finalmente aprobada, podrán pedir «la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento»  las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y «entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social».

Al principio, la ley fue presentada como una modificación para regular «un procedimiento específico para garantizar la posesión de viviendas titularidad de propietarios personas físicas y para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social». Sin embargo, dicha ley ha terminado definiéndose como una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil «en relación con la ocupación ilegal de inmuebles».

 

Sentencia en menos de 20 días

La ley permitirá que, cuando se produzca una okupación ilegal de una vivienda, el propietario pueda acceder a un procedimiento mucho más ágil que el actual para recuperarla. Para ello, cuando se detecte dicha actividad, deberá realizarse una notificación y desde ese momento se exigirá a los okupantes que justifiquen la situación de posesión.

En caso de que no se aporte una «justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda». Contra esto, «no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda».

Además, se dictará sentencia «de inmediato» en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley también posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Comunicación a los servicios sociales

La ley contempla la comunicación «a los servicios públicos competentes en materia de política social» en diferentes fases del proceso «si procediera su actuación», aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de «los interesados».

Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan «adoptar las medidas de protección que en su caso procedan».

Sin embargo, la proposición de ley no garantiza la alternativa habitacional para los desahucios de estas ocupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. No obstante, establece la obligación de las administraciones públicas de incorporar en sus protocolos de vivienda «medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial» en este último caso.

La iniciativa ha contado con el apoyo del PP, Ciudadanos y el PNV. Tras pasar por el Congreso de los Diputados, el texto ha sido remitido al Senado para completar su tramitación.

 

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