El gasto público asociado a las bajas por incapacidad temporal (IT) mantiene una fuerte tendencia ascendente y podría alcanzar alrededor de 20.000 millones de euros en 2026, según las estimaciones del sector de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Esta cifra supondría un incremento del 109% respecto a los niveles registrados en 2019, año en el que comenzó a intensificarse el crecimiento de esta partida.
La evolución del absentismo laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones económicas tanto para las administraciones públicas como para las empresas. Actualmente, más de un millón de trabajadores se encuentran cada día fuera de su puesto por una incapacidad temporal, una situación que genera un impacto directo sobre el gasto público y sobre los costes laborales de las compañías.
Los últimos datos disponibles muestran que durante los primeros meses del año la Seguridad Social destinó más de 6.100 millones de euros al pago de estas prestaciones, una cifra que representa un crecimiento cercano al 13% interanual. Este ritmo de aumento ha provocado que una parte importante del presupuesto anual previsto ya se haya consumido.
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Las bajas de larga duración elevan la factura económica
El incremento más significativo se concentra en las denominadas contingencias comunes, es decir, aquellas bajas provocadas por enfermedades o accidentes que no tienen relación directa con la actividad laboral. Estos procesos son los que más han aumentado en los últimos años.
Los análisis realizados sobre la evolución de la incapacidad temporal reflejan que la frecuencia de estos procesos ha crecido de forma notable desde 2017, especialmente en los casos vinculados a problemas de salud mental y determinadas dolencias físicas, que además suelen presentar una duración más prolongada.
El coste aumenta especialmente cuando las bajas se extienden en el tiempo. Durante los primeros días existen límites en la cobertura, mientras que posteriormente la prestación puede incrementarse hasta alcanzar porcentajes más elevados del salario. Por ello, los procesos largos tienen un mayor impacto sobre las cuentas públicas y empresariales.
Durante el último ejercicio, la Seguridad Social y las mutuas destinaron más de 16.800 millones de euros a cubrir bajas por contingencias comunes, una cantidad que podría seguir aumentando hasta superar los 18.000 millones en el próximo periodo, antes de sumar otras partidas relacionadas con accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Las compañías asumen una parte relevante del coste por absentismo laboral
Aunque buena parte del foco se sitúa sobre el gasto público, las empresas también soportan una carga elevada. Las organizaciones empresariales calculan que las compañías desembolsaron alrededor de 17.000 millones de euros en 2025 relacionados con bajas laborales.
Este importe incluye no solo los pagos que deben asumir durante determinados periodos de ausencia, sino también las cotizaciones sociales durante las bajas prolongadas y los complementos salariales establecidos en numerosos convenios colectivos para garantizar que el trabajador mantenga una parte mayor de sus ingresos.
A esta factura directa se suman otros efectos menos visibles, como la pérdida de productividad, la reorganización interna o la necesidad de contratar sustitutos, especialmente complicada en sectores donde existe escasez de mano de obra.
La patronal reclama más controles para reducir abusos y agilizar procesos
Ante este escenario, las organizaciones empresariales han planteado reforzar los mecanismos de seguimiento de las bajas médicas. Una de las propuestas pasa por establecer revisiones periódicas a los tres, seis y nueve meses de incapacidad temporal con el objetivo de detectar situaciones que puedan prolongarse innecesariamente.
Actualmente, los procesos que superan el año pasan a estar bajo supervisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social, aunque la acumulación de expedientes y la falta de recursos sanitarios dificultan una gestión más rápida.
Los datos disponibles muestran que una parte importante de las solicitudes de incapacidad permanente tras bajas de larga duración termina siendo rechazada, especialmente en algunos procesos relacionados con la salud mental.
Los expertos apuntan a que el aumento de las incapacidades temporales responde a una combinación de causas. Entre ellas destacan la presión sobre la atención primaria, los retrasos administrativos y los cambios en el mercado laboral.
Además, algunos cambios normativos habrían tenido efectos sobre la evolución de las bajas. Diversos análisis señalan que la transformación de contratos temporales en indefinidos y la mejora de determinados complementos salariales pueden haber modificado el comportamiento de los trabajadores ante una incapacidad.
En conjunto, la incapacidad temporal se ha convertido en un problema con impacto sanitario, económico y laboral, que obliga a buscar un equilibrio entre la protección del trabajador, la sostenibilidad del sistema y las necesidades de las empresas.
