El Gobierno de Canarias quiere avanzar en una de sus principales apuestas en materia de vivienda: limitar la compra de inmuebles por parte de extranjeros no residentes cuando estas adquisiciones contribuyan a incrementar la presión sobre el mercado residencial del archipiélago.
El presidente canario, Fernando Clavijo, mantiene abierta esta estrategia en dos frentes. Por un lado, el Ejecutivo autonómico plantea cambios en el ámbito estatal que permitan establecer determinadas restricciones o medidas fiscales sobre los compradores extracomunitarios. Por otro, busca en Bruselas el respaldo jurídico necesario para poder extender esas medidas a ciudadanos de otros países de la Unión Europea.
Canarias lleva meses defendiendo ante las instituciones comunitarias que su condición de Región Ultraperiférica (RUP) y las especiales circunstancias demográficas y residenciales del archipiélago justifican soluciones específicas. El Ejecutivo autonómico ya ha trasladado a Bruselas estudios jurídicos y económicos para respaldar esta posición.
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Dos vías para actuar sobre la demanda extranjera
La estrategia canaria parte de una preocupación concreta: una parte de la demanda inmobiliaria procede de compradores con una capacidad económica superior a la de los residentes y que adquieren viviendas como segunda residencia o inversión.
El Gobierno autonómico considera que esta demanda puede contribuir a elevar los precios y reducir la oferta disponible para quienes viven permanentemente en las islas. De hecho, el Ejecutivo canario ha señalado que el 33% de las viviendas vendidas en Canarias son adquiridas por extranjeros no residentes, según los datos que maneja.
Ante esta situación, el Ejecutivo estudia diferentes instrumentos. Entre ellos figura la posibilidad de establecer una fiscalidad a los no residentes, para determinadas adquisiciones realizadas por compradores extracomunitarios, especialmente cuando el inmueble no vaya a convertirse en vivienda habitual ni se destine al alquiler residencial de larga duración.
También se plantea actuar sobre las viviendas que permanezcan vacías mediante medidas tributarias como un posible incremento del IBI, además de establecer restricciones sobre determinados usos residenciales.
El reto: extender las restricciones a los ciudadanos comunitarios
El principal obstáculo jurídico aparece cuando se pretende actuar también sobre los compradores procedentes de otros Estados miembros de la UE.
La libre circulación de capitales y las reglas del mercado único hacen que una eventual limitación a la adquisición de vivienda por ciudadanos comunitarios necesite una justificación jurídica específica y un encaje en la normativa europea.
Por ello, Canarias pretende acreditar ante Bruselas la excepcionalidad de su situación residencial y demográfica. La estrategia autonómica contempla medidas temporales, proporcionadas y territorialmente limitadas, una fórmula que el Ejecutivo ya ha planteado en sus contactos con las instituciones europeas.
Bruselas abre una vía para Canarias
La renovación de la estrategia europea para las Regiones Ultraperiféricas constituye uno de los principales escenarios en los que Canarias pretende defender sus propuestas.
El Gobierno canario considera que la inclusión de la vivienda entre las prioridades de esta estrategia puede abrir una vía para estudiar soluciones específicas para territorios sometidos a una elevada presión demográfica y residencial.
Clavijo ya trasladó esta reivindicación al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, quien se mostró abierto a estudiar alternativas dentro de la nueva estrategia RUP.
El Estado ya respalda la búsqueda de una solución europea
La iniciativa canaria no parte únicamente de la comunidad autónoma. En noviembre de 2025, el Gobierno de Canarias informó de que el Estado había expresado su respaldo a la argumentación planteada ante la UE para limitar la compra de viviendas por extranjeros no residentes, dentro de las negociaciones relacionadas con el régimen de las RUP.
Además, Canarias ha solicitado al Estado cambios legislativos que permitan a cabildos y ayuntamientos adoptar medidas desde sus propias competencias para modular determinados efectos de la adquisición de vivienda por extranjeros.
El objetivo: priorizar la vivienda residencial
El planteamiento del Ejecutivo autonómico pretende, en última instancia, reservar una mayor parte de la oferta residencial para quienes viven y trabajan en Canarias y reducir la presión derivada de la demanda de segunda residencia.
La estrategia combina así diferentes instrumentos: cambios legislativos, medidas fiscales, regulación de determinados usos y negociación con Bruselas.
El siguiente paso se sitúa ahora en el ámbito europeo. Canarias busca que Bruselas reconozca la singularidad del archipiélago y permita diseñar mecanismos específicos para intervenir sobre la compra de vivienda por no residentes, una cuestión que el Gobierno autonómico considera esencial para aumentar la disponibilidad residencial para la población local.
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