La Generalitat de Cataluña dio luz verde en marzo el Decreto Ley 5/2025, que actualiza las medidas fiscales del sector inmobiliario en Cataluña. En él se incluyen nuevos tramos del ITP que afectan negativamente a transacciones de inmuebles de más de 600.000 euros y también la imposición de tipos de hasta el 20% para grandes propietarios inmobiliarios; se verían afectados tenedores de más de 10 inmuebles de uso residencial o superficies superiores a 1500 m2, o tenedores con más de 5 inmuebles en zonas tensionadas.
Otra de las medidas fiscales que se harán efectivas el 27 de junio junto a las ya citadas será el fin de las deducciones del 70% en el IRPF para las empresas inmobiliarias que revenden los inmuebles en un plazo de hasta tres años
Esta nueva fiscalización a tener consecuencias en la inversión, sobre todo de viviendas usadas de más de 600.000 € (que suponen el 40% de viviendas en Cataluña) y de edificios residenciales rehabilitados para la venta o el alquiler. Además podría darse un traslado de la inversión inmobiliaria a mercados con más seguridad jurídica como el malagueño o el de Madrid.
Se está dando, dada la proximidad de la fecha de puesta en vigor de las medidas fiscales, el 27 de junio, por un lado, una aceleración y un adelanto de operaciones ya iniciadas, y a la vez una paralización de otras ante la falta de incentivo fiscal que se avecina.
Consecuencias directas de las medidas fiscales en Cataluña
Para los expertos del sector inmobiliario, la consecuencias de estos cambios fiscales no serán positivas ni para la inversión que acabará desincentivada, ni para las compraventas de viviendas, sobre todo las de segunda mano, que van a ralentizarse, ni para los precios, que con los impuestos se disparan por encima del 25%.
La oferta de viviendas para rehabilitar y para alquiler va a verse lastrada por los cambios fiscales, lo que va a acentuar más el desequilibrio actual entre oferta y demanda de viviendas y su consecuencia nefasta sobre los precios. En el caso del alquiler, los grandes propietarios que se decidan a invertir tratarán de compensar su perjuicio fiscal con la subida en las rentas de alquiler.
Otra de las consecuencias negativas de la subida impositiva será el deterioro del parque de viviendas, que ya de por sí está envejecido y mermado en accesibilidad y eficiencia energética. La oferta de viviendas reformadas disminuirá sin los incentivos fiscales para los inversores, abundando en el mercado la vivienda en mal estado con necesidad de reforma.
Muchos expertos consideran estas medidas fiscales faltas de justificación y con un único sentido recaudatorio. Los tipos del ITP, por ejemplo, ya estaban muy altos en Cataluña comparados con los de otras comunidades. Estas políticas intervencionistas lo único que están consiguiendo es bloquear el mercado inmobiliario y restarle dinamismo.
De los pocos propietarios no afectados por estas reestructuraciones fiscales vemos a los SOCIMIs, que por su estructura de inversión podrán reducir los incrementos del ITP y seguir comprando edificios.
En cualquier caso, la recaudación fiscal debería destinarse a las políticas públicas de vivienda, ya que las medidas propuestas no benefician al sector de la vivienda asequible o social.
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