La declaración del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha reabierto el debate sobre la actuación del Gobierno durante la entrada irregular de cerca de 80.000 personas en la ciudad autónoma entre el 30 y el 31 de julio. Vivas sostiene que alertó reiteradamente a los responsables del Ejecutivo sobre una crisis que, a su juicio, comprometía la seguridad nacional, sin obtener la respuesta que consideraba necesaria.
La magistrada investiga tanto las circunstancias que propiciaron la llegada masiva desde Marruecos como la actuación de las autoridades españolas. En este contexto, el testimonio del presidente ceutí podría resultar relevante para esclarecer qué información recibieron los responsables públicos y qué medidas adoptaron.
A esta controversia se suma la iniciativa judicial de Alvise Pérez, que ha presentado una denuncia contra el Gobierno por presunta alta traición, según la información difundida sobre su actuación. La denuncia deberá seguir su recorrido procesal y no supone que los hechos denunciados estén acreditados ni que exista una condena.
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Diez llamadas y tres peticiones que, según Vivas, no fueron atendidas
Durante un interrogatorio de aproximadamente dos horas y media, Vivas detalló hasta diez intentos de contacto con la Presidencia del Gobierno entre el 25 y el 30 de julio. Según su testimonio, Pedro Sánchez no atendió personalmente sus llamadas hasta el día 30, después de varias conversaciones con su jefe de Gabinete, Diego Rubio.
El presidente ceutí también habló con los ministros Ángel Víctor Torres, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Según su versión, los responsables ministeriales interpretaron lo sucedido como una crisis migratoria, mientras él reclamaba que se abordara como un problema de seguridad.
Sus principales demandas fueron reforzar los dispositivos de seguridad, declarar la emergencia nacional y establecer un mando único. Vivas afirma que no se atendieron sus peticiones en los términos solicitados durante los momentos más críticos. Casi un mes después, el Gobierno declaró la situación de interés para la seguridad nacional y designó a Torres como mando único.
El día 30, cuando finalmente habló con Sánchez, le trasladó la gravedad de la situación y la necesidad de que los ciudadanos de Ceuta no se sintieran abandonados por el Estado. El presidente del Gobierno visitó la ciudad al día siguiente.
¿Pudo incurrir el Gobierno en responsabilidad penal?
La investigación plantea interrogantes sobre las obligaciones de los responsables públicos. El artículo 408 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario que, incumpliendo sus deberes, deje intencionadamente de promover la persecución de delitos conocidos o de sus responsables, con inhabilitación especial de seis meses a dos años.
El artículo 409, por su parte, regula determinadas conductas relacionadas con el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público. No se trata, por tanto, de dos artículos que tipifiquen exactamente el mismo delito.
La eventual responsabilidad penal dependerá de que se acrediten los hechos, las obligaciones de cada cargo público y los requisitos específicos de los delitos aplicables. Una deficiente gestión política o una falta de coordinación no constituyen automáticamente una infracción penal.
Vivas aseguró que su primera llamada, el 25 de julio, estuvo motivada por el incremento de menores inmigrantes atendidos en Ceuta, que habrían pasado de 160 a 800. También aludió a la llegada de unas 1.500 personas a nado en los días posteriores.
Marruecos y la falta de coordinación institucional, bajo investigación
En relación con sus conversaciones ministeriales, Vivas afirmó que Albares le trasladó que la cooperación con Marruecos era excelente. El presidente ceutí, sin embargo, manifestó su preocupación por las pretensiones que atribuye a la monarquía marroquí sobre Ceuta y Melilla y sostuvo que la ciudad autónoma carece de interlocución directa con el Estado vecino.
Otro de los protagonistas de la investigación es el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, contra quien Hazte Oír presentó una querella por presuntos delitos relacionados con la gestión de la crisis, entre ellos prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.
Vivas considera que el delegado desempeñó un papel relevante como interlocutor institucional desde el 28 de julio. Según las fuentes citadas en la información original, la comunicación entre ambos responsables no habría sido fluida durante los días más graves de la crisis, al gestionar sus equipos la situación mediante estructuras independientes.
La acusación popular, ejercida por Iustitia Europa, espera que la jueza tome declaración a Pérez Triano una vez reciba la documentación solicitada a cerca de 30 organismos estatales, entre ellos la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Las alertas del CNI y las declaraciones pendientes
La investigación también debe aclarar las discrepancias sobre las posibles advertencias previas de los servicios de inteligencia. Gonzalo Sanz, antiguo jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, aseguró que Pérez Triano le informó el 29 de julio de que el CNI alertaba de una entrada masiva. Sanz fue cesado tras acusar a su superior de mentir sobre esos avisos.
Vivas ofreció aportar comunicados oficiales, transcripciones de sus comparecencias públicas y documentación de la junta de portavoces para reconstruir la cronología de los acontecimientos.
El presidente ceutí describió ante la jueza las consecuencias sociales y económicas de la crisis y expresó su preocupación por la convivencia y la seguridad. También defendió que esclarecer lo ocurrido es fundamental para los ciudadanos de Ceuta y para el conjunto de España.
La clave de la instrucción será determinar qué sabían las autoridades, cuándo lo supieron y cómo respondieron. El testimonio de Vivas, las comunicaciones oficiales y las declaraciones pendientes deberán permitir distinguir entre posibles errores de gestión y conductas que, si se acreditan todos sus requisitos legales, pudieran tener consecuencias penales.
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