El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado el decreto ómnibus que el Gobierno aprobó el 23 de diciembre con una amplia batería de disposiciones dirigidas a reforzar el “escudo social” en 2026. Con 178 votos en contra (PP, Vox y Junts) frente a 171 a favor, la Cámara Baja ha dejado sin validez jurídica todas las medidas contenidas en ese decreto, que incluían protección frente a desahucios, ajustes en la plusvalía municipal, incentivos fiscales y revalorizaciones de pensiones, entre otras.
Este rechazo marca la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo este año y significa que, al no ser convalidado, el Real Decreto-ley publicado al final de diciembre «deja de tener efectos jurídicos de inmediato».
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Fin de la moratoria antidesahucios: qué cambia para propietarios e inquilinos
Una de las medidas centrales que quedaba incluida en el decreto era la prórroga de la moratoria que paralizaba los desahucios por impago del alquiler para colectivos vulnerables sin alternativa habitacional. Esa suspensión se había aplicado de forma continuada desde la pandemia con distintos decretos y su intención era extenderla hasta finales de 2026.
Al no ser convalidado el texto, esa prórroga ya no tiene vigencia, lo que supone un cambio jurídico inmediato:
- Los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler pueden reactivarse en los procedimientos judiciales en curso.
- Los propietarios afectados por suspensiones previas pueden solicitar que se levante la suspensión de la ejecución, con un plazo de espera que varía según el caso.
- Además, hasta el 2 de febrero de 2026 los propietarios podrán reclamar compensación económica por los ingresos dejados de percibir mientras la moratoria estuvo en vigor.
Organizaciones de propietarios y asociaciones como Asval han señalado que esta situación supone una oportunidad para recuperar seguridad jurídica en los contratos de alquiler, aunque fuentes del sector inmobiliario advierten que puede reabrir tensiones en los tribunales y en el mercado de alquiler si no se acuerdan nuevas normas.
Al mismo tiempo, sindicatos y colectivos sociales han convocado protestas frente al Congreso para expresar su rechazo a la caída de la protección antidesahucios, señalando que miles de familias vulnerables podrían quedar sin un amparo legal efectivo.
Plusvalía municipal: vuelve el cálculo anterior y posibles reclamaciones
El decreto también incluía una actualización de los coeficientes que se usan para calcular la plusvalía municipal, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos que grava las transmisiones de inmuebles. La intención del Gobierno era aplicar coeficientes más altos en periodos de corta tenencia para desalentar las operaciones especulativas y más bajos tras plazos largos de posesión.
Sin embargo, al no ser convalidado el decreto, esa actualización nunca llegó a entrar en vigor y se mantienen los coeficientes de 2024, lo que evita subidas que hubieran incrementado la carga fiscal en ventas realizadas pocos años después de su compra.
Este cambio trae implicaciones fiscales claras para vendedores de vivienda: quienes hicieron ya el pago usando los coeficientes previstos —aunque fuera por un corto periodo (desde diciembre hasta finales de enero)— pueden informarse sobre cómo reclamar lo pagado de más, ya que la norma no fue validada.
Otras medidas afectadas
Además de las normas inmobiliarias, la caída del decreto supone que no se aplican otras disposiciones que estaban en vigor desde diciembre, como:
- La prórroga de las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética de viviendas y edificios.
- La prohibición de cortar suministros básicos (luz, agua y gas) a hogares vulnerables y la extensión de los descuentos del bono social eléctrico.
- Las previstas subidas de pensiones y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para 2026.
Algunas de estas medidas habían sido consideradas por distintos sectores como esenciales para atajar la crisis de acceso a la vivienda y el encarecimiento de los costes de vida, por lo que su derogación ha generado reacciones encontradas entre expertos y grupos sociales.
¿Qué puede pasar ahora?
Aunque estas disposiciones decaen con efectos inmediatos, no se descarta que el Gobierno vuelva a presentar algunas de ellas en textos independientes, como ya ocurrió en años anteriores con iniciativas sociales o fiscales que no lograron pasar en bloque.
El foco del debate político probablemente volverá pronto a las políticas de vivienda, con especial atención a la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos y a la fiscalidad de las transacciones inmobiliarias.
