La búsqueda de una vivienda en alquiler en España está resultando cada vez más complicada para miles de familias. La mezcla de precios que continúan subiendo y de una oferta disponible que se reduce año tras año está tensando el mercado inmobiliario. Muchos propietarios, desencantados tras experiencias con impagos o largos procesos judiciales, han decidido retirar sus inmuebles del alquiler, reduciendo aún más el parque de viviendas disponibles. Esto ha provocado que, en muchos casos, familias con menores o con ingresos únicos queden sistemáticamente fuera de los procesos de selección de arrendadores, al considerarse que presentan más riesgos económicos.
El problema se agrava en un contexto donde los desahucios por impago han aumentado, mientras que las soluciones habitacionales para familias vulnerables son insuficientes frente a las necesidades reales del mercado. La actual falta de oferta hace que muchos hogares se enfrenten a requisitos cada vez más exigentes —como contratos fijos, avales elevados o ingresos múltiples— para poder acceder a una vivienda en alquiler.
Extensión de protecciones sociales y su impacto en el mercado
El Gobierno y EH Bildu pactaron a finales de diciembre de 2025 un acuerdo para extender durante todo 2026 varias de las medidas del llamado “escudo social”, originalmente introducidas durante la pandemia. Entre estas medidas figura la prohibición de ejecutar desahucios por impago de rentas a familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) para estos hogares y la prórroga del bono social eléctrico. Estas protecciones se introdujeron en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aprobado en plena crisis de la covid-19, y se renovaron posteriormente, entre otras, en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero.
La extensión de estas medidas hasta finales de 2026 tiene el objetivo declarado de proteger a los hogares más vulnerables, en un momento de tensión económica y social. Sin embargo, su repetida prórroga también ha generado preocupación entre asociaciones de propietarios y agentes del sector inmobiliario, que argumentan que la inseguridad jurídica y la percepción de riesgo pueden disuadir a los arrendadores de ofrecer sus viviendas en alquiler, reduciendo la oferta y agravando las dificultades de acceso.
La moratoria de desahucios implica que, cuando un inquilino acredita situación de vulnerabilidad y no existe alternativa habitacional, el juzgado puede suspender el lanzamiento durante el plazo fijado por la norma.
El acuerdo original que incluía estas prórrogas se integró dentro de un paquete más amplio de medidas económicas y sociales en un decreto conocido como “ómnibus” (por ejemplo el Real Decreto-ley 16/2025), que también contemplaba la revalorización de las pensiones. Sin embargo, ese decreto fue rechazado en el Congreso de los Diputados a finales de enero de 2026, lo que ha dejado en el aire buena parte de las medidas sociales previstas y ha abierto la puerta a que los propietarios reclamen alquileres impagados y soliciten el levantamiento de las suspensiones de desahucio que estaban vigentes.
En este contexto, la tensión entre proteger a hogares vulnerables y garantizar la seguridad jurídica de los arrendadores se ha convertido en uno de los principales focos de debate. Por un lado, colectivos sociales y sindicatos defienden que estas medidas son esenciales para evitar situaciones de exclusión habitacional; por otro, representantes del sector inmobiliario alertan de que la falta de certeza normativa puede agravar aún más la escasez de viviendas en alquiler y contribuir a que los precios sigan subiendo.
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