La moratoria para las situaciones de desahucio que lleva impidiendo sus ejecuciones en hogares vulnerables, moratoria aprobada por decreto en 2023, seguirá en vigor hasta final de 2025 y con la incertidumbre de si seguirá efectiva el año que viene, como piden algunos partidos políticos.
La opinión de los propietarios de vivienda en alquiler, desde su asociación ASVAL, es que mantener la moratoria sobre desahucios es seguir alimentando la inseguridad jurídica de los propietarios, que son los principales afectados en los procedimientos de desahucio (soportando 20 meses de demora, de media, en recuperar su vivienda). Esta situación afecta directamente a la creación de oferta de viviendas en alquiler, principal problema de la vivienda en la actualidad.
En Europa las moratorias que han tenido un carácter excepcional se han ido retirando gradualmente. En España a finales de 2024 se habían suspendido un 12% de los procedimientos judiciales. La proliferación de las moratorias en nuestro país ha motivado el auge de las fórmulas extrajudiciales como vía principal (un 80% de los casos), para que los propietarios recuperen sus viviendas.
La desaparición de las moratorias no causaría desprotección en los más vulnerables, ya que la Ley de la Vivienda contempla mecanismos de suspensión temporal del lanzamiento para personas en situación acreditada de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Posiblemente, el problema esté en que la derivación a los Servicios Sociales de las familias con vulnerabilidad no se está ejecutando de forma eficaz, por lo que son los propietarios los que se ven obligados a cargar con la situación.
Potenciación de la okupación ilegal
La moratoria cubría los casos de impagos o vulnerabilidad sobrevenida, pero también protegía a ocupantes ilegales que hubieran entrado en la vivienda desde una fecha determinada. La recuperación de inmuebles llega a alargarse años para algunos pequeños propietarios, y a su vez esta situación tiene un efecto “llamada” para nuevos ocupantes ilegales. Los propietarios afectados se están acostumbrando a recuperar su vivienda por su cuenta, mediante compensaciones económicas, ya que no confían en la vía judicial.
Podemos imaginarnos las consecuencias fatales del quiebre de la oferta sobre los precios de la vivienda. Expertos del Banco de España asocian esta falta de seguridad jurídica con mercados inmobiliarios sin procedimientos legales ágiles ante los impagos.
Paquete de medidas propuestas por ASVAL
La asociación de propietarios de viviendas de alquiler (ASVAL), proponen un enfoque estructural basado en datos, recursos y mecanismos de evaluación para resolver la citada problemática. Entre las medidas propuestas podríamos destacar:
- Programas de regularización que combinen ayudas al alquiler, acompañamiento sociolaboral y, cuando proceda, adquisición o cesión de uso de la vivienda por parte de la Administración.
- Diagnóstico nacional completo de las situaciones de vulnerabilidad, con un censo actualizado que permita distinguir casos estructurales de situaciones sobrevenidas.
- Implantar protocolos homogéneos de actuación de Servicios Sociales, con métricas objetivas y KPIs que evalúen tiempos de respuesta y efectividad de las soluciones.
- Revisión de los recursos materiales y humanos destinados a estos servicios para identificar carencias y necesidades presupuestarias.
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