El Gobierno pacta volver a prorrogar la moratoria de los desahucios

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Desahucios de vivienda en alquiler

El Gobierno pacta con Bildu una nueva prórroga de la moratoria de los desahucios por impago del alquiler. Esta medida, aprobada durante la pandemia e inicialmente prevista como protección para las familias vulnerables ante esas circunstancias excepcionales y personas que perdieron su empleo por las restricciones sanitarias, se han ido prorrogando desde 2020.

La ampliación de esta moratoria será incluida en un Decreto a aprobar en el último Consejo de Ministros de 2025, y dejará un año más bloqueados unos 50.000 procedimientos de desahucio de arrendatarios que han dejado de abonar el importe de la renta del alquiler a los propietarios de los inmuebles.

Esta moratoria de los lanzamientos se prorrogará todo el año 2026, durante el que quedarán prohibidos los desahucios para familias vulnerables que no dispongan de otra alternativa habitacional.

El Decreto tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva en trámite parlamentario.

El anuncio de este acuerdo supone un jarro de agua fría para muchos propietarios con procedimientos de desahucio paralizados en los Juzgados de toda España.

Son varias las asociaciones de propietarios afectados que han solicitado durante años la eliminación de esta medida, máxime cuando el Gobierno no se ha hecho responsable de dar solución a las familias vulnerables durante los 6 años que lleva ya en vigor, tal y como recogía el Decreto inicial que la aprobó.

Ello en la práctica supone derivar la responsabilidad de la administración a los propietarios particulares, la mayoría de los cuales son personas con tan solo una o dos viviendas en alquiler que les facilitan unos ingresos complementarios, siendo tan solo una cantidad residual la de “grandes tenedores o fondos de inversión”.

Con esta medida, de nuevo, se trata de que sean los propietarios particulares quienes solventen el problema social de la vivienda que tiene España y al que no se pone solución por parte del Gobierno.


Ana Moreno Ramírez

Abogada y API
www.raylahomes.com

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