El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado un mayor entendimiento entre las distintas administraciones públicas para afrontar la creciente crisis de acceso a la vivienda en España. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, advirtió de que solo mediante acuerdos conjuntos será posible avanzar de forma real en la garantía de una vivienda digna y asequible.
La institución presentó un balance anual en el que se contabilizan 38.762 expedientes tramitados y más de 44.000 ciudadanos atendidos durante el último ejercicio.
Investigación abierta sobre vivienda pública y alquiler asequible
Gabilondo recordó que, a finales de junio de 2025, el Defensor del Pueblo inició actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los diez ayuntamientos más poblados del país.
El objetivo de estas actuaciones es conocer qué medidas se están aplicando —o se prevé aplicar— para facilitar el acceso a vivienda protegida y ampliar el parque público de viviendas. Según explicó, la investigación continúa abierta y requiere la implicación activa de todas las administraciones.
La falta de vivienda pública y las ayudas ineficaces agravan el problema
El informe presentado por la institución sitúa entre las principales causas de la crisis habitacional la escasez de vivienda pública y social, muy por debajo de los niveles existentes en otros países europeos. También señala la falta de eficacia de determinadas ayudas y la lentitud administrativa en su tramitación.
Según trasladan numerosos ciudadanos al Defensor del Pueblo, cada vez resulta más difícil acceder a una vivienda a precios asumibles, mientras que los procesos para optar a viviendas protegidas se alargan durante años.
El impacto es especialmente severo para jóvenes, familias vulnerables y personas con ingresos reducidos, que en muchos casos deben dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler o directamente quedan excluidos del mercado residencial.
Preocupación por los desahucios y el aumento de la exclusión residencial
El Defensor del Pueblo alertó además de la situación de muchas personas amenazadas por desahucios inminentes de su vivienda habitual. En algunos casos, incluso ciudadanos con empleo o con pensiones públicas terminan perdiendo su hogar debido a subidas desorbitadas de los alquileres.
Gabilondo consideró insuficiente la respuesta de las administraciones y defendió medidas como:
- Incrementar el parque público de vivienda en alquiler
- Agilizar y mejorar la gestión de ayudas
- Garantizar adjudicaciones transparentes
- Limitar el impacto del alquiler turístico
- Proteger a las personas vulnerables en procesos de desahucio
- Combatir las ocupaciones ilegales
También mostró su preocupación por la persistencia de asentamientos chabolistas e infraviviendas en distintos puntos del país, subrayando que las administraciones deben priorizar el realojo rápido y efectivo de las personas que viven en condiciones indignas.
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