A continuación exponemos el resumen que publica elEconomista de una entrevista hecha a Vicente Magro (magistrado del Tribunal Supremo), realizada por Confilegal y recogida en una publicación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), donde el magistrado indica cuál es el principal problema contra los okupas y la imposibilidad del desalojo.
Hoy en día, el proceso de okupación de una vivienda es bastante sencillo debido a las circunstancias peculiares que se dan en el mercado. El aumento de los precios tanto de compra como de alquiler con zonas más tensionadas que nunca, cierto caos normativo sobre okupación e inquiokupación y la dificultad para adquirir una vivienda en propiedad convierten la okupación en algo menos complicado que el desalojo.
Problema clave en el desalojo de okupas
Magro ,en su entrevista, puntualiza que “Para tener las cosas claras, a día de hoy una ocupación ilegal se puede acordar perfectamente”, es decir, que cuando unos okupas invaden una vivienda, el juez puede acordar su desalojo. En este sentido, señala el magistrado, “Si ahora mismo entra una persona en un chalé y lo ocupa, el juez tiene el poder de ordenar el desalojo. Y no solamente el juez. Si la policía comprueba que la entrada se ha producido 5, 6 o 7 siete horas antes, puede hacerlo hasta sin orden judicial“.
En realidad el problema que tanto se atribuye de la dificultad de los desalojos en palabras de Magro, es que “El problema está en que ahora mismo hace falta una ley integral sobre el fenómeno de la ocupación que defina el concepto de flagrancia, alegando que “es comprensible que la policía tenga miedo de actuar, porque no sabe cuál es el periodo que le va a acreditar el juez si le presentan una querella por haber desalojado a unas personas de forma ilegal”.
El periodo de flagrancia, es decir, el periodo en que se considera que la policía coge al okupa “in fraganti” puede ser un periodo de entre 12 y 24 horas, pero esto no está regulado por ley, con lo cual la policía no se siente segura ante las consecuencias posibles de sus actuaciones. Para Vicente magro, “Habría que hacer una ley que especificara la extensión temporal del concepto flagrancia. O que a nosotros nos llegara un caso, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que nos permitiera interpretar la extensión temporal de este concepto”.
Una solución eficaz
Como una de las actuaciones más eficaces para evitar las okupaciones, el magistrado comento la posibilidad de instalar una alarma de 24 horas: “Si yo me pongo una alarma, la empresa de seguridad llamará a la policía, que tendrá una prueba irrefutable de la flagrancia y de cuándo se produjo la entrada en la vivienda. Va sobre seguro“.
Fuente: elEconomista.es Vicente Magro (magistrado del Tribunal Supremo), sobre la okupación de viviendas: “A día de hoy, una ocupación ilegal se puede acordar perfectamente”
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