La nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, supone una serie de cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que puede resolver muchos de los graves problemas que están provocando la okupación ilegal en los propietarios de inmuebles. Los okupas que aprovechan las lagunas legales y el laberinto burocrático hasta llegar al desalojo puede que ya no lo tengan tan fácil con los juicios exprés.
Las largas esperas que tenían que sufrir los ciudadanos para recuperar sus viviendas ha motivado la proliferación de empresas especializadas en desalojos que a veces rayan la ilegalidad. Ahora una reforma legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya aprobada pero pendiente de pasar por el Senado, introduce la figura legal de la desokupación exprés que permite que los desalojos puedan resolverse en juicios rápidos en apenas 15 días.
Hasta ahora, los procesos judiciales para recuperar un inmueble podían durar meses, incluso años, debido a la burocracia y a la necesidad de estudios previos sobre la situación de los okupas. Con esta nueva ley, el tiempo de espera se reducirá drásticamente, permitiendo que el desalojo se efectúe con celeridad.
La reforma va a beneficiar a los propietarios que sufren tanto la usurpación ( okupación de vivienda vacía) como el allanamiento de morada (okupación de una vivienda habitada) pero no afectará a los casos de inquiokupación, cuando el inquilino con un contrato de alquiler deja de pagar las cuotas. Los procedimientos, civiles y no penales, en estos casos, seguirán siendo largos.
Vulnerabilidad y familias con hijos
La nueva normativa no toma ya en consideración de vulnerabilidad, anulándose los estudios sobre la situación económica y las consideraciones a okupas con hijos que seguirán el proceso rápido de desalojo como el resto de casos.
Aunque esta reforma resuelve la situación de inseguridad de los propietarios, y acaba con el “chollo” de la okupación ilegal de vivienda, también deja un interrogante sobre las soluciones habitacionales a las familias en situación de vulnerabilidad.
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