La legislación actual facilita las okupaciones y desincentiva la inversión inmobiliaria

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Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, formó parte de la mesa redonda organizada por la Fundación Notariado  : “El derecho a la vivienda digna y adecuada” celebrada en San Sebastián. En la misma tomaron parte también el filósofo Fernando Savater , el arquitecto y escritor Álvaro Games Cerezo y el catedrático de Filosofía del Derecho, Pablo de Lora

Matilde Cueca afirmo que : “La legislación actual está facilitando las okupaciones y desincentivando la inversión inmobiliaria. Dificulta los desalojos y alienta a los okupas a permanecer en propiedades ajenas sin consecuencias legales inmediatas”. El gobierno, de esta manera, ordenó por decreto la suspensión de desahucios de viviendas hasta 2025

Prosiguió Matilde Cuena manifestando que : “Las políticas que dificultan los desalojos generan un clima de inseguridad jurídica, donde los propietarios no tienen garantías de poder recuperar sus propiedades en caso de ocupación ilegal. Si los inversores perciben que el mercado es inestable y que sus inversiones están en riesgo, pueden optar por invertir en otros sectores o en otros países con un entorno legal más favorable”

Poco incentivo para la inversión

En su opinión la okupación además de las pérdidas económicas que tienen los propietarios por no recibir rentas de alquiler pueden suponer tambien pérdidas al tratar de recuperar su vivienda y al rehabilitarlas una vez recuperadas. Este déficit en la rentabilidad hace que la inversión para alquiler se vuelva poco atractiva.

La limitación de los desalojos y la congelación de los precios de alquiler que establece la Ley 12/ 2023 de la vivienda , tiene una consecuencia directa: se desincentiva la inversión en el mercado inmobiliario y se restringe aún más la oferta de viviendas. «La regulación actual está ahogando la oferta, haciendo que el mercado inmobiliario no sea rentable. Esto, combinado con la falta de seguridad jurídica, está llevando a que muchos propietarios prefieran no alquilar sus inmuebles. Porque cuando los inversores ven que las leyes no protegen adecuadamente los derechos de propiedad, pierden confianza en el sistema legal y en la capacidad del estado para garantizar el cumplimiento de la ley».

Cuena  sobre la oferta de viviendas públicas en España, afirmó ser de un nivel muy bajo –un 12 %– en comparación con otros países del norte, como Alemania, donde se llega al 50 %. «Aquí no se ha creado una oferta suficiente de vivienda pública, y ahora se está poniendo la solución sobre las espaldas de los propietarios privados»

El derecho a la vivienda no es un derecho constitucional sino un principio rector

Según Cuena el derecho a la vivienda  es un principio rector de la política social y económica pero no es un derecho fundamental en nuestra legislación. “La Constitución no diseña el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. No es un derecho subjetivo que se pueda reclamar directamente ante los tribunales, sino que es un principio que debe guiar las políticas públicas”

La responsabilidad sobre este derecho social se está haciendo recaer sobre la propiedad privada, y en sus palabras: “No es así. La responsabilidad de garantizar el acceso a una vivienda adecuada recae sobre el Estado y no sobre los particulares La función social de la propiedad no puede ser un instrumento para imponer a los propietarios privados la obligación de solucionar problemas que deben ser abordados por los poderes públicos

Concluyó Matilde Cuena : «La estructura del derecho a la vivienda es vertical, está dirigida hacia los poderes públicos y no hacia los propietarios privados. Mi derecho a la vivienda no convierte mi propiedad en un instrumento para satisfacer el derecho de otra persona a tener una vivienda. Esto es lo que se ha desenfocado desde los poderes públicos y hay que volver a enfocar»

Intervención del resto de ponentes sobre el derecho a la vivienda

Pablo de Lora puntualizó sobre la  Ley de la vivienda: “El concepto de la ley en sí mismo establece algo completamente equivocado, que es una fortísima intervención sobre los derechos públicos y privados, lo que provoca unas tensiones enormes

Fernando Savater aportó su visión filosófica sobre el concepto de vivienda, “intrínsecamente ligada a la vida, pues es el punto de partida para que cada uno cree su propio camino. Esto afecta especialmente a los jóvenes”.

Galmés incidió en el aspecto temporal de la vivienda: “La vivienda es un presente continuo que vive en transformación y, por lo tanto, el concepto tiene que abarcar toda esa trayectoria vital del individuo. Ahí está la clave que debemos comprender para enfrentar el desafío de forma adecuada y buscar soluciones correctas”

Ignacio Gomá por su parte destacó que: “la ONU califica como ‘vivienda’ aquella que cumple unos requisitos mínimos de habitabilidad, accesibilidad y seguridad
jurídica. Es una necesidad social y también un bien jurídico, y, por tanto, una mercancía con un valor. La tensión entre estas dos facetas puede crear graves problemas”.

Martínez Sanchiz el presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN); señaló que “el Notariado se caracteriza por su papel social y su compromiso con la sociedad para abordar los temas que más preocupan a la ciudadanía y, sin duda, la vivienda es uno de ellos. No solo en nuestro país, sino a nivel global. Por ello, durante este seminario hemos querido contar con voces de Europa, América y África, para obtener su punto de vista e impulsar soluciones que nos ayuden a alcanzar la paz y tranquilidad social”

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