La facilidad con que puede elegirse un alojamiento turístico en una simple web especializada como Airbnb tiene sus días contados en Barcelona. La intención del ayuntamiento catalán es dejar de emitir licencias de viviendas de uso turístico y no renovar las concedidas para forzar su conversión a alquiler tradicional. Esto supondrá la eliminación de 10.000 pisos turísticos hasta 2029.
Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, está siguiendo las directrices del Decreto-ley 3/2023, de 7 de noviembre de regulación de pisos turísticos de las zonas tensionadas de Cataluña, con una política contundente y prohibitiva que lo aleja de su homólogo en la UE, el grupo parlamentario socialista europeo (S&D). Un estudio y posterior propuesta del grupo europeo para abordar la gestión del alquiler de los alquileres de corta duración (STAR), si bien plantea desafíos para la asequibilidad de la vivienda y para la convivencia local, a su vez reconoce que este tipo de modalidad residencial aporta flexibilidad, oportunidades de emprendimiento e ingresos relacionados con el turismo a las comunidades locales.
Hoy por hoy la modalidad de alquiler de uso turístico copa el 61,6% de la oferta de alquiler de Airbnb en Barcelona, en París (81,3%) o Ámsterdam (99,1%) o en Madrid (90%). Para frenar la subida indiscriminada de los precios del alquiler de vivienda, el Ayuntamiento de Barcelona busca eliminar los denominados HUT (habitatges d’ús turístic) en la ciudad antes de 2029, enfocando la demanda hacia hoteles y complejos residenciales turísticos tradicionales y la reconversión de muchos de ellos al alquiler tradicional.
La intención del Gobierno Central incluye, además del sistema de registro y licencias de arrendamientos turísticos, la subida del IVA al 21%, considerándo los pisos turísticos una actividad económica más.
Sin embargo, la vertiente socialista europea (S&D) reconoce plenamente el valor de los alquileres a corto plazo como parte del ecosistema turístico europeo y de la economía colaborativa, y propone unas medidas para controlar el alquiler de uso turístico que no son tan radicales. Más que una prohibición, se propone una regulación para alinear los alquileres con objetivos de interés público como la vivienda asequible y las ciudades habitables. Se prefiere diferenciar entre “anfitriones no profesionales” y “anfitriones profesionales” según la duración de la estancia o el número de ofertas de alojamiento del anfitrión. Los considerados no profesionales evitarían ciertas licencias y tarifas, al no tener grandes ingresos, pero sí podrían ser autorizados o no, o compensados para evitar que sean perjudiciales en determinadas zonas de alquiler tensionado.
El alquiler de uso turístico en Europa
El Partido Socialista en Europa (S&D), manifiesta la importancia de la cohesión entre los países de la UE, pero a la vez reconoce la necesidad de unas medidas que se acomoden a las particularidades de cada territorio. Reconocen una falta de homogeneidad normativa y una fragmentación jurídica significativa, en el entorno europeo, respecto al alquiler turístico. La propuesta del S&D supondría una directiva y un marco legal comunitario al que puedan adaptarse los mercados locales, lo cual plantea realmente serias dificultades.
El Parlamento Europeo está analizando la situación para encontrar un marco orientativo común y unos fondos que lo respalden. No obstante, reconocía en su visita a Barcelona, que el problema del alquiler de vivienda es una cuestión demasiado local como para establecer una Ley que lo regule desde Bruselas.
Siendo esto así, en el caso de España, regular el mercado de los pisos turísticos seguirá siendo competencia del Ministerio de Consumo y Vivienda. Y en el de Barcelona será competencia del ayuntamiento.
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