En 2022 fue reformado el Código de Buenas Prácticas bancarias de 2012 para proteger, con ayudas desde los bancos, a las familias deudoras con menos ingresos ante la subida vertiginosa de las hipotecas que marcó el BCE.
Hasta mayo de 2024 se habían recibido más de 70.000 solicitudes de aplicación del código siendo estudiadas el 15% de ellas. Como muestran los datos, la puesta en práctica del Código ha sido marginal, lo cual habla de la salud económica de los hogares en España. Con el inicio del ciclo de bajadas de los tipos de interés por parte del BCE, los deudores españoles podrán llegar a ahorrar hasta 400 euros al año en sus hipotecas de vivienda por la caída del euríbor, pero estas mejoras van a ser lentas. Por esta razón el Gobierno se ha propuesto junto a las patronales bancarias prorrogar hasta 2025 el Código de Buenas Prácticas hipotecarias.
Ante la demanda de aumento del umbral actual de 38.000 euros para que las familias puedan acogerse al Código, el ministro de economía Carlos Cuerpo ha manifestado: “Tendemos que analizarlo, pero el mensaje general es que ahora mismo es positivo mantener este escudo un año más”
Protocolos de inclusión en la actividad financiera de mayores, minusválidos y actuación en zonas rurales
El Gobierno asegura que el 95% de municipios del ámbito rural que no contaban hace dos años con un punto de acceso a servicios bancarios ya lo tienen o lo tendrán en pocos meses. Según los datos del Gobierno la mayoría de los bancos han cumplido las medidas para garantizar la inclusión de los mayores, minusválidos, y entornos rurales de más de 500 habitantes en la actividad financiera. El 90% de los cajeros se han adaptado, el 80% de las sucursales bancarias tienen horarios ampliados (el 88% en zonas rurales) y casi 700.000 personas mayores han recibido formación financiera y digital, potenciándose el uso de Bizum, por ejemplo. En municipios de menos de 500 habitantes se tienen previstos acuerdos entre los bancos y Correos, para su inclusión adecuada en la actividad financiera.
Además existe la pretensión del Gobierno de realizar una encuesta desde el CIS sobre inclusión en la actividad financiera para poder evaluar las necesidades de la población al respecto.
El Ministerio de economía ha analizado la distribución de oficinas y accesos a los servicios financieros, detectando cierto sesgo hacia los barrios con mayor renta y mayor rentabilidad para los bancos, siendo su intención evitar estos desequilibrios.
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