Sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre, que declara nula la plusvalía inmobiliaria

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Sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre, que declara nula la plusvalía inmobiliaria

 

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Juan José González
Rivas, Presidente; la magistrada doña Encarnación Roca Trías; los magistrados don Andrés
Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José González-Trevijano
Sánchez, don Antonio Narváez Rodríguez, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido CondePumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla –
sede en Málaga-, respecto de los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas locales, por posible vulneración del art. 31.1 CE. Han comparecido y formulado
alegaciones el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, y la fiscal
general del Estado. Ha sido ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.

I. Antecedentes

1. El día 18 de septiembre de 2020 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal
Constitucional un escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla -sede en Málaga- (recurso núm. 749/2016), al que se acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el auto de 28 de julio de 2020 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLHL), por presunta vulneración del principio de no confiscatoriedad (art. 31.1 CE).

2. Los antecedentes de hecho del planteamiento de la presente cuestión de
inconstitucionalidad son, sucintamente expuestos, los siguientes:

a) La entidad mercantil TEAN Y TETOAN, S.L. adquirió el 6 de febrero de 2004 una
finca en el término municipal de Benalmádena (Málaga) por un precio en escritura pública de 781.315,74€, siendo transmitida el 2 de mayo de 2013 al tiempo de la constitución de la entidad “Servicios Proactis, S.L.” como aportación a su capital por un valor en escritura pública de 900.000€.

b) Como consecuencia de la citada aportación, con fecha de 18 de septiembre de 2013, el
Ayuntamiento de Benalmádena giró a la entidad transmitente una liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Naturaleza Urbana (en adelante, IIVTNU) por una cuota tributaria de 70.006,19€. La base imponible se calculó aplicando al valor catastral del suelo al momento de la transmisión (808.152,33€) el porcentaje establecido por el Ayuntamiento derivado de la aplicación las normas de valoración previstas en el art. 107.4 TRLHL [del 31,5%, a razón de un 3,5% por cada uno de los nueve años completos de permanencia del bien en el patrimonio del sujeto pasivo (del 2004 al 2013)]; base imponible de 254.567,98€ sobre la que se aplicó el tipo de gravamen del 27,50% fijado en la correspondiente ordenanza municipal, dando lugar a la ya referida cuota tributaria de 70.006,19€. Asimismo, se le aplicó una sanción de 7.000,62€ y un recargo del 5% a ambas cantidades (cuota tributaria más sanción) de 3.850,34€, por lo que la cantidad total a pagar ascendió finalmente a 80.857,15€.

c) El 29 de noviembre de 2013 la parte actora interpuso recurso de reposición contra la
referida liquidación administrativa solicitando su anulación: (i) por desproporción entre la
cantidad liquidada y el valor real, al no haber existido incremento real del valor del terreno, y (ii) por exención de gravamen de la operación societaria realizada. Dicho recurso fue desestimado mediante Resolución de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Benalmádena de 9 de diciembre de 2014 al no haberse acreditado: (i) la inexistencia de incremento de valor del terreno, (ii) el ejercicio de una actividad económica de los aportantes a efectos del IRPF, (iii) la aportación de los bienes a la actividad, o (iv) la llevanza de una contabilidad conforme al Código de Comercio.

d) Contra la anterior resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo cuyo
conocimiento le correspondió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Málaga (procedimiento ordinario núm. 104/2015) que, por sentencia núm. 766/2015, de 29 de octubre, se estimó parcialmente, anulando la sanción y la parte correspondiente del recargo a ella aplicado.

e) Promovido recurso de apelación (núm. 749-2016) contra la anterior sentencia ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla -sede en Málaga-, una vez tramitado y concluso el correspondiente procedimiento,
mediante providencia de 12 de diciembre de 2019, con suspensión del término para dictar
sentencia, se acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 TRLHL dada su posible oposición a los principios de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad (art. 31.1 CE).

Acceso completo a la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre 2021 sobre la plusvalía inmobiliaria

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