El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la reforma de la Ley de Vivienda de Navarra, que establece el carácter permanente de la protección oficial para determinadas viviendas de alquiler, incluso cuando ya habían obtenido su calificación definitiva.
Según ha informado el Alto Tribunal, la impugnación, promovida por más de 50 diputados del PP, se dirige específicamente contra la disposición transitoria única de la Ley Foral 14/2026, de 2 de julio. Esta norma modifica la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, en lo relativo al régimen jurídico de las viviendas de protección oficial (VPO) destinadas al arrendamiento y al alquiler asequible en la comunidad foral.
Los recurrentes consideran que esta disposición podría vulnerar el principio constitucional de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, recogido en el artículo 9.3 de la Constitución, así como el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 33.
El PP cuestiona el cambio de las condiciones de las viviendas protegidas
El Partido Popular anunció a comienzos de octubre su intención de acudir al Constitucional, poniendo el foco en los efectos retroactivos de la reforma. A su juicio, la nueva regulación modifica las condiciones jurídicas y económicas bajo las que se promovieron determinadas viviendas protegidas, alterando las expectativas de sus propietarios.
Durante una comparecencia pública, Sergio Sayas, presidente del PP en Navarra, defendió que la norma compromete la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada. Asimismo, advirtió de sus posibles consecuencias para la actividad inmobiliaria y promotora en la comunidad: sin garantías jurídicas, sostuvo, no se construirá ninguna vivienda nueva en Navarra.
La admisión a trámite del recurso se produce aproximadamente cinco meses después de que el Parlamento navarro aprobara la modificación legislativa. El pasado 25 de junio, la Cámara dio luz verde, con los votos favorables de PSN, EH Bildu y Contigo Zurekin, a tramitar por el procedimiento de urgencia la proposición de ley que posteriormente se convirtió en la Ley Foral 14/2026.
El principal cambio introducido por esta reforma consiste en atribuir carácter permanente a la calificación de las VPO destinadas al alquiler, extendiendo esta condición también a las viviendas que ya contaban con una calificación definitiva. De esta manera, se impide que pierdan su condición de protegidas por el transcurso del tiempo.
Navarra defenderá la constitucionalidad de la reforma
Ante la posibilidad de que el PP presentara un recurso, el Gobierno de Navarra ya había anunciado que comparecería ante el Tribunal Constitucional si la impugnación llegaba a admitirse. Su intención, según trasladó entonces, es defender la legalidad del blindaje permanente de las viviendas protegidas en alquiler y las competencias de autogobierno de la comunidad foral.
El Ejecutivo navarro también criticó la iniciativa del PP, al considerar que su objetivo podía generar incertidumbre entre las familias beneficiarias de la medida y favorecer los intereses económicos de los grandes inversores inmobiliarios. En particular, señaló que el recurso podía provocar inseguridad jurídica y personal a los hogares afectados, al tiempo que defendió la protección del parque público y asequible de viviendas.
Según los datos facilitados por el Gobierno regional, la reforma ha permitido mantener la protección de 2.248 viviendas destinadas al alquiler, que podían perder su calificación oficial una vez transcurridos 21 años desde su construcción.
La controversia jurídica se centra ahora en determinar si la extensión retroactiva de la protección permanente resulta compatible con los derechos constitucionales invocados por los diputados del PP. La admisión a trámite supone el inicio del procedimiento ante el Constitucional, pero no implica que el tribunal haya anticipado ningún criterio sobre el fondo del recurso.
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