El Banco de España a través de su director general de Estabilidad Financiera, Daniel Pérez Cid, ha manifestado el hecho de que la situación inmobiliaria actual de nuestro país muestra algunas señales de burbuja inmobiliaria, la situación está lejos de compararse con la burbuja inmobiliaria de 2007. La entidad financiera en su Informe de Estabilidad ha justificado esta afirmación desarrollando los siguientes puntos:
- Los precios de la vivienda en España todavía se sitúan en torno a un 20% por debajo de los precios en 2007.
- Los precios actuales no responden a desequilibrios estructurales, sino a la distancia entre oferta limitada de viviendas y fuerte demanda.
- Actualmente no se aprecia un endeudamiento excesivo, tanto en las familias como entre los promotores inmobiliarios.
- No se está dando una expansión descontrolada de la demanda de viviendas.
- La subida en los precios no afecta de manera uniforme a todo el territorio nacional, si no que se concentran en las CCAA y zonas donde la escasez de oferta es más significativa. En las islas los datos rozan la burbuja inmobiliaria, pero hay zonas donde no se está dando la misma subida de los precios de la vivienda.
- La situación financiera de los españoles es más sólida y estable que en otros periodos.
- Hoy en día los bancos mantienen unos criterios muy estrictos a la hora de conceder hipotecas.
- No se aprecia sobreendeudamiento y los créditos se recuperan, pero no alcanzan los niveles de la burbuja.
- Se prevé que solo el 15,8% de hogares tenga una carga financiera alta al cierre de 2025.
- Las hipotecas, en junio 2025, solo han representado el 45% del total de crédito bancario a hogares y empresas.
Alto endeudamiento y pocos recursos de económicos del Estado
El Informe de Estabilidad del Banco de España también muestra el alto endeudamiento que sufre el país y la dificultad de controlar el gasto público y generar ingresos ante la falta de Presupuestos Generales del Estado. Factores que inciden en la economía como la digitalización, las tensiones geopolíticas, el envejecimiento poblacional o la transformación ecológica hacen necesarios una serie de recursos por parte del Estado, que si no se dan harán peligrar el equilibrio fiscal.
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