El Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar la propuesta de Sumar para impedir que empresas y fondos de inversión puedan adquirir viviendas residenciales, una iniciativa que pretendía modificar la regulación vigente y limitar la condición de adquirente a las personas físicas.
La toma en consideración de la proposición de ley fue rechazada el 15 de septiembre con 44 votos a favor, 175 en contra y 127 abstenciones. El PSOE optó nuevamente por la abstención, mientras que PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra. También se abstuvieron, entre otros, PNV y Coalición Canaria.
El resultado supone que la iniciativa no inicia su tramitación parlamentaria y vuelve a quedar fuera del debate legislativo, después de que una propuesta similar ya fuera rechazada en noviembre de 2025.
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El PSOE se desmarca de su socio de Gobierno
La votación volvió a evidenciar la discrepancia entre PSOE y Sumar en materia de vivienda. El grupo socialista no respaldó la propuesta de su socio de Gobierno y optó por la abstención, una posición que ya había mantenido en el anterior intento de tramitar esta reforma.
Frente a Sumar, una mayoría parlamentaria impidió que la iniciativa pudiera comenzar su recorrido legislativo, aunque las posiciones de los distintos grupos no fueron idénticas: algunos votaron en contra y otros se abstuvieron.
Sumar defendía que la adquisición de vivienda residencial debía quedar reservada fundamentalmente a personas físicas, mientras que la propuesta encontraba oposición entre diferentes grupos por el alcance de la restricción planteada.
Una reforma de la Ley de Vivienda con un amplio alcance
Para aplicar su propuesta, Sumar planteaba modificar el artículo 10 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
El cambio pretendía limitar a las personas físicas la posibilidad de adquirir viviendas, tanto mediante compraventa como mediante transmisiones gratuitas. La restricción se extendería a viviendas ya existentes y a las promociones de nueva construcción una vez obtenido el certificado de fin de obra.
La proposición recogía, por tanto, una modificación de gran alcance sobre el régimen de adquisición de inmuebles residenciales por parte de personas jurídicas.
El argumento de Sumar: sacar la vivienda de la lógica inversora
La formación defendía la reforma con el argumento de que las empresas y otras personas jurídicas utilizan la vivienda como un activo de inversión, y sostenía que esta dinámica contribuye a la presión sobre los precios de venta y alquiler.
El objetivo declarado era reducir el peso de la inversión empresarial en el mercado residencial y reforzar la consideración de la vivienda como un bien destinado al uso residencial. Estas son las razones expuestas por Sumar para justificar su iniciativa, no una conclusión independiente sobre los efectos económicos de la medida.
La prohibición planteada no habría sido absoluta. El texto contemplaba excepciones para determinadas entidades sin ánimo de lucro y organizaciones con fines sociales.
Entre ellas figuraban asociaciones, agentes económicos y sociales, entidades religiosas, ONG de cooperación al desarrollo y otras entidades del tercer sector. La adquisición quedaría vinculada a determinados usos, como sedes sociales, atención sociosanitaria, alojamiento de colectivos vulnerables, protección de víctimas de violencia de género o actividades educativas, cívicas y de culto.
También se establecía un régimen transitorio para las operaciones que ya hubieran sido formalizadas ante notario antes de la entrada en vigor de una eventual reforma, aunque todavía no hubieran sido inscritas en el Registro de la Propiedad.
La propiedad empresarial queda fuera de la reforma
El rechazo parlamentario significa que las empresas y fondos de inversión mantienen el marco jurídico actual para adquirir viviendas, sin que prospere la modificación propuesta por Sumar.
La iniciativa no llegó a superar siquiera la fase de toma en consideración, por lo que no se abrió el posterior proceso de presentación de enmiendas y debate artículo por artículo.
El resultado vuelve a situar en el centro del debate inmobiliario la relación entre derecho de propiedad, inversión empresarial y derecho constitucional a la vivienda, tres elementos que los distintos grupos parlamentarios interpretan de manera diferente.
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